Santa Brígida, rota por el centro

Posiblemente el asunto que más ha hecho correr ríos de tinta en la última década en Santa Brígida haya sido algo tan inexistente como el centro comercial y de ocio del casco. Hace casi 10 años comenzó a hablarse de este proyecto y pudieron verse las maquetas de las instalaciones, con centro comercial, plaza, parque urbano y 500 aparcamientos subterráneos.

CRISTÓBAL PEÑATE - SANTA BRÍGIDA. El edificio está ahora paralizado por el juez por defectos formales al modificarse inadecuadamente las normas subsidiarias de la villa. Era la época en la que Manuel Galindo era el alcalde y Rosa Bordes la concejal de Urbanismo.

Posteriormente tomaron las riendas del proyecto Carmelo Vega, cuando sucedió en 1999 en la alcaldía a Galindo, y tuvo de concejal a Carlos Sánchez, pero no fue hasta el final de su mandato, con la corporación en funciones y tras las elecciones de 2003, cuando se aprobó el proyecto. Antes había quedado desierto, aunque 18 empresas se interesaron al principio e incluso retiraron la documentación.

La aprobación definitiva del proyecto, mediante procedimiento negociado, fue en junio de ese año, en la última sesión plenaria de la corporación, unos días antes de tomar posesión los concejales electos. El proyecto fue aprobado por unos políticos en funciones porque ya se habían celebrado las elecciones y muchos de ellos no iban a seguir en el Consistorio. La oposición que entró en la corporación de 2003 siempre culpó al grupo de gobierno anterior de haberse dado prisa en aprobar el proyecto y conceder la licencia de obra a la unión temporal de empresas formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Saramema, Cura Riviera y Estacionamientos y Servicios.

El proyecto, con proyección de maquetas y todo lujo de detalles, fue presentado oficialmente en el antiguo cine de Santa Brígida. La maqueta del edificio primigenio nada tiene que ver con el proyecto actual. Fue la presentación en sociedad. La nueva oposición de 2003 a 2007 estuvo liderada por Antonio Ramírez (PSOE), Victoria Casas (CC) y Amalia Bosch (Verdes).

Los tres se opusieron siempre al planteamiento del grupo de gobierno con el centro comercial y de ocio. En el mandato actual las cosas han cambiado porque el PP gobierna con Los Verdes de Amalia Bosch, que es además la concejal de Urbanismo. Ramírez y Emilio Ventura, en el pasado mandato ediles socialistas, están ahora en Los Verdes como independientes. La única que sigue en la oposición y no ha variado su postura es la nacionalista Victoria Casas.

Bosch, Ramírez y Casas llevaron al grupo de gobierno, mayoritariamente del PP, a los tribunales y a la Audiencia de Cuentas durante el pasado mandato por las supuestas irregularidades cometidas en torno al centro comercial. Ramírez llegó a denunciar al grupo de gobierno anterior por no haber cobrado más de 600.000 euros a la UTE por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

De hecho, esa denuncia trajo consigo que el juez imputara a los tres últimos alcaldes que ha tenido Santa Brígida: Carmelo Vega, Antonio Díaz y Lucas Bravo de Laguna, aunque a este último en su etapa de concejal de Hacienda. El juez imputó en primera instancia a los otros ex concejales de Hacienda, aunque finalmente les quitó la imputación.

Curiosamente Antonio Ramírez, el que denunció la supuesta anomalía, es ahora el edil de Hacienda. Cuando llegó al cargo prometió que ordenaría el cobro del dinero demandado a la UTE, pero hasta el momento no lo ha hecho. El PSOE preguntó sobre este asunto en el pleno de diciembre y CC lo hizo en febrero, pero no han recibido respuesta.

VEINTE MESES DE PLAZO. Las condiciones pactadas en el contrato para hacer el centro comercial señalan que la UTE contaba con un plazo de ejecución de 20 meses desde que empezaran las obras, pero han transcurrido casi cinco años y aún no se ha terminado. De hecho, las obras están de nuevo paradas.

El alcalde, Lucas Bravo de Laguna, se defiende ante la actual paralización judicial. "El juez ha parado la obra por defectos de forma, no se discute el fondo. Sin embargo, la modificación puntual de las normas subsidiarias aprobada por el ayuntamiento fue ratificada posteriormente por la Cotmac, por lo que la decisión municipal fue avalada por el Gobierno de Canarias. Nosotros, no obstante, acatamos la sentencia".

Bravo de Laguna y su concejal de Urbanismo, Amalia Bosch, están intentando mejorar el proyecto a nivel estético, según afirma el alcalde. "La pelota está en el juzgado, hay que desatascar primero el tema judicial. Espero que el juez comprenda el interés general que esta obra supone para el pueblo".

La zona de ocio de la obra tendrá 9.000 metros cuadrados: 5.000 la plaza pública y 4.000 el parque urbano, que además tendrá un anfiteatro al aire libre, parque infantil, zona para mayores, césped, y zona de footing y ocio. El área comercial dispondrá de 4.000 metros cuadrados, la mitad de ellos para un supermercado. El edificio contará con casi medio centenar de locales comerciales.

El aparcamiento subterráneo está terminado, pero la ley no permite abrirlo por separado. Tiene que hacerse conjuntamente con el resto del edificio. Con los años la obra ha perdido interés y el alcalde lo tiene claro: "o terminamos la obra o rescatamos la concesión y el ayuntamiento se queda con el terreno, pero son muchos millones de euros. Se trata de una obra inasumible para el Ayuntamiento".

Según el alcalde, a la obra le quedan tres o cuatro meses nada más, pero nadie sabe cuándo se terminará ya que no se ha levantado la suspensión judicial. Por lo pronto el juez ha dado la razón parcial al vecino que denunció, pero éste volvió a recurrir para que se considerara toda su petición.

Bravo de Laguna y Bosch se han reunido en varias ocasiones con el director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Jesús Romero. El Consistorio quiere que la obra tenga menos impacto visual. De hecho, en 2005 se decidió quitar, en una modificación puntual con Luis Troya de concejal de Urbanismo, una de las dos plantas previstas en principio.

EXPLOTACIÓN. El tiempo de la concesión de la explotación es de 50 años y el presupuesto base de la inversión asciende a la cantidad de 9.015.181,57 euros. Las obras comenzaron pero el día 10 de julio de 2003, cuando se llevaba poco tiempo de trabajo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, dicta una orden judicial de suspensión de las obras tras una denuncia del presidente de la Sociedad Deportiva Santa Brígida, Emilio Ventura, a la sazón edil socialista en esa época en la oposición y hoy edil del grupo de gobierno con Los Verdes.

Las obras se paran hasta diciembre por uno derechos que tenía la sociedad deportiva sobre el campo de fútbol que existía justo en el solar donde hoy se levanta el centro comercial. Las obras estuvieron seis meses paradas.

Cuando se van a iniciar de nuevo, la UTE descubre que había un montón de servidumbres, a pesar de que el contrato decía que estaba libre de cargas. La reclamación de la UTE afirma literalmente que existen "diversas y muy numerosas servidumbres", por los que se vuelven a retrasar las obras unos cuantos meses más.

Por si esto fuera poco, el 10 de junio de 2004 se produjo un desprendimiento y la calle principal del casco se viene literalmente abajo, dejando un tremendo socavón que hace que vuelvan a retrasarse las obras. En agosto el Ayuntamiento decide modificar el edificio eliminando lo que al principio fue uno de los principales reclamos: las salas de multicines. Los distribuidores de películas no mostraron interés porque no un parecía buen negocio en un municipio de menos de 20.000 habitantes.

PARALIZACIÓN. Entonces Antonio Ramírez (PSOE), debido a las continuas modificaciones del proyecto y al cambio del contrato, presenta un contencioso administrativo y pide la paralización cautelar de las obras, que el juez acepta, por lo que la obra vuelve a pararse varios meses.

Era la época en la que los empresarios se manifestaban todos los viernes en contra del centro comercial por dos razones: la primera era que consideraban que el nuevo centro podría hacerles competencia desleal y la segunda porque la nueva obra había acabado con la zona de aparcamientos.

Hasta que desisten y comienzan las reuniones pidiendo que terminen las obras cuanto antes porque sus negocios se estaban resintiendo porque, al no haber aparcamientos, los clientes empezaban a desviarse a otras zonas comerciales de la capital.

Conforme avanzan las obras se empiezan a dar cuenta que el edificio estaba desplazado de los planos originales, pero las obras siguieron. Mientras, los problemas legales se acumulaban porque esa modificación no podía hacerse como el Ayuntamiento pretendía.

La UTE presentó una reclamación al Ayuntamiento en la que se dicen frases como éstas: "habiendo sostenido a tal fin innumerables reuniones (con el Ayuntamiento) en las que sólo ha obtenido vanas promesas de una pronta solución que permitiera terminar las obras con el proyecto modificado aprobado el 28 de julio de 2005 por el Pleno de esa Corporación; viendo mientras tanto cómo el tiempo pasaba, se excedía mucho más allá de lo razonable; adoptando en todo momento una actuación completamente pasiva el Ayuntamiento de Santa Brígida, como si fuera ajeno por completo al contrato…".

Hasta que en el mes de marzo de 2007 la UTE Santa Brígida se entera por la prensa de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias había anulado por defecto formal la modificación puntual de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Santa Brígida.

En ese momento la UTE descubre que había una demanda puesta por un vecino en 2002, por lo que en su reclamación señala: "habiendo silenciado dolosamente su existencia esa corporación a esta empresa titular de la concesión, pese a ser conocedora de que le podía afectar directamente, como así ha ocurrido". La UTE reclama al Consistorio casi cinco millones y medio de euros.

Por su parte, algunos colectivos sociales y culturales han expresado su rechazo al centro comercial al considerarlo "un mamotreto que no va a resolver las demandas de la población".