El expediente de la discordia

El expediente del parque eólico del Ayuntamiento de Santa Lucía, por el que el Juzgado número 4 de San Bartolomé imputa al alcalde, Silverio Matos, prevaricación y abuso de cargo se basa en tres convenios firmados el 11 de enero de 2005 y denunciados luego por Rufino Pérez, de Centro Ansite.

ANTONIO QUINTANA / SANTA LUCÍA. El proyecto de parque eólico tenía previsto instalar entre siete y ocho aerogeneradores en la bajada de Doctoral a Pozo Izquierdo, detrás del almacén de la antigua cooperativa La Orilla. Según el acuerdo, en caso de que el Gobierno de Canarias aceptara el proyecto -cosa que no se produjo por la anulación del concurso-, el parque sería regido por una sociedad en la que el Ayuntamiento tendría la mayoría de acciones (51%) y otras tres entidades privadas el 31%, el 9% y el 9%, en razón a un total de 50.000 metros cuadrados de terrenos permutados anexos a otro de propiedad municipal de otros 20.000 metros cuadrados.

Estas zonas están calificadas como suelo rústico de protección agraria de costa y se sitúan en las parcelas Doctoral 6, 7 y 10, que lindan con la de Doctoral 11 y que "es una de las mejores zonas de ubicación" para un parque eólico de Santa Lucía.
Para poder optar al concurso y tener opciones, el Ayuntamiento debía disponer de suelo municipal suficiente, ya que en el suyo sólo podía instalar dos aerogeneradores, por lo que adquirió más suelo mediante una permuta para participar en la sociedad que gestionara la producción de energía eólica.

La investigación se abre después de una denuncia realizada por el concejal de Centro Ansite, Rufino Pérez, ante la Guardia Civil, al entender que podía haber irregularidades en la negociación y firma de los convenios y que tanto el Ayuntamiento como algunos de los dueños de los terrenos permutados salían perjudicados con el acuerdo para instalar el parque eólico.