El Cabildo de Gran Canaria tramita la expropiación de 108 fincas que atravesarán la nueva circunvalación entre Arucas y Firgas, mientras solicita al Gobierno de Canarias el trámite administrativo de su declaración de urgencia. La vía, frecuentada por cientos de conductores cada día procedentes de las Medianías, está incluida en las demandas por las que los 10 ayuntamientos de la comarca se manifestaron hace tres años en la capital grancanaria. La carretera entre La Goleta (Arucas) y La Cruz (Firgas) constituye una de las históricas reivindicaciones de los vecinos de la zona alta de la comarca, ya que la vía es frecuentada por ciudadanos de Valleseco y de su entorno, además de por los propios habitantes de los municipios afectados. Sin embargo, a pesar de ser una carretera de alta densidad de vehículos para unas calles tan estrechas cuyas dimensiones impiden el paso de dos coches al mismo tiempo en algunos tramos y de que está en el listado reivindicado ante las instituciones durante la manifestación organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos y respaldada por unos 15.000 vecinos que lograron el compromiso de los dirigentes políticos de entonces, la obra sigue dilatándose en el tiempo.

Primero fue un cambio en el trazado, y ahora porque las distintas administraciones mantienen un enfrentamiento, lo cierto es que nadie se atreve a poner una fecha para el comienzo de esta obra.

El Cabildo reconoce que, una vez publicado el listado de afectados por la expropiación deberá comunicar a cada propietario el expediente en el que está en curso, al mismo tiempo que dejará en manos del Gobierno de Canarias la posibilidad de que se tramite la declaración de urgencia para la vía.

Sin embargo, el alcalde de Arucas, José María Ponce, considera que la institución insular está trabajando de espaldas al Ayuntamiento. Ponce afirma desconocer la situación real en la que se encuentra esta obra por la falta de diálogo que mantiene con el Cabildo, y menos aun sabe el listado de afectados. En cualquier caso, el alcalde afirma que el proceso debería haberse estado tramitando con anterioridad por la vía de la urgente ocupación, para tratar de reducir plazos de ejecución.

En especial, recuerda, por el largo retraso que sufre el proyecto.

La obra debería haber estado iniciada desde hace años, tal y como anunciaron los responsables políticos en distintas ocasiones, y nadie se atreve a poner fecha a la adjudicación de la obra y su puesta en servicio.