El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, anunció ayer en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha exigido al Gobierno de España la inmediata paralización de las obras previas a la construcción de un centro penitenciario en Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, ejecutadas por el Ejecutivo central.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Berriel aclaró que la Comunidad Autónoma es la propietaria de los 447.000 metros cuadrados de finca propuestos por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios para la ejecución del centro, terreno por el cual se ha iniciado el trámite de enajenación onerosa. Según explicó el consejero, "la Comunidad Autónoma ni ha cedido ni vendido el terreno objeto de obra, que se trata de una parcela inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Canarias".

El máximo representante del departamento autonómico también anunció que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha abierto una investigación para determinar si dicha obra tiene los títulos habilitantes que legitiman, al menos desde el punto de vista urbanístico, la ejecución que se está llevando a cabo. En la actualidad, el ente público de naturaleza consorcial ha solicitado a la Sociedad Estatal de Equipamientos Penitenciarios los citados títulos.

Asimismo, Berriel indicó en que "el Gobierno de Canarias está siempre dispuesto a cooperar con la Administración general del Estado o con cualquier otra administración, para posibilitar la ejecución de cuantas infraestructuras sean necesarias para el interés general, siempre que se dé el adecuado acuerdo entre las distintas administraciones y la necesaria garantía de los derechos de los vecinos".

El consejero señaló también que el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias ya ha sido aprobado por el Estado y remitido a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para su aprobación definitiva, si bien dicha aprobación no se ha efectuado aún. Berriel aclaró que de no alcanzarse el acuerdo municipal e insular para su localización, el Estado puede imponer la ubicación de la prisión.