La Fiscalía solicita una condena de diez años de inhabilitación de empleo y cargo público para los ex alcaldes de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz, por un delito de prevaricación. Están acusados de dejar de cobrar, "de forma consciente", un impuesto de 684.057 euros a la constructora que realiza las obras del centro comercial de la villa. La fiscal Cecilia Acebal no presenta cargos contra el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, que estaba imputado en la causa, porque no ha encontrado indicios de su participación en estos hechos cuando era edil de Hacienda.

Según el escrito de calificaciones, Carmelo Vega, en su condición de alcalde, y Antonio Díaz, como edil de Urbanismo y posteriormente también como alcalde, dejaron de promover la liquidación y el cobro a la denominada UTE Santa Brígida el importe correspondiente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa municipal de licencia de obras. Este impuesto era derivado de los trabajos que la constructora iba a ejecutar en la villa y que consistían en un centro comercial. Estas instalaciones, cuyas obras están paralizadas por un juez, se ejecutaban en las calles Secretario Juan Morales Navarro, 18 de Julio y José Antonio Primo de Rivera, por un presupuesto de 9.129.760,44 euros.

La fiscal sostiene que se dejó de cobrar el impuesto, pese a que por acuerdo de un pleno extraordinario, de fecha 7 de junio de 2003, se acordó autorizar la ejecución de las obras condicionando su validez y efectividad de dicha autorización a que la constructora abonara los tributos. Todo ello, además, de que con posterioridad la Audiencia de Cuentas de Canarias comunicara la obligatoriedad del pago.