El abogado que dirige la defensa del empresario grancanario Santiago Santana Cazorla en el caso Góndola, José Antonio Choclán Montalvo, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, el que investiga la presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Mogán, la "nulidad de la detención" de su cliente.
La solicitud se basa en que Santana Cazorla, según sus servicios jurídicos, fue detenido de forma ilegal por la policía, sin un auto judicial que así lo ordenara y de una forma "desproporcionada".
El abogado del empresario grancanario considera que, al no existir ningún auto judicial que ordene la detención de su cliente, la privación de libertad fue una medida "desproporcionada", según asegura el letrado en una grabación difundida por el gabinete de prensa de Santana Cazorla. Sin embargo, no se aclara si dicha solicitud al juzgado es reciente o se produjo hace meses, tras la detención del empresario en el aeropuerto cuando se disponía a tomar un avión con destino a Tenerife.
Siempre según las declaraciones de José Antonio Choclán, "existe cierta contradicción entre lo que consta en el atestado policial en el que se indica que se procede a la detención de Santiago Santana Cazorla en virtud de las instrucciones dadas por el juez, y lo que el juez nos notifica en una resolución en la que se indica que no existe auto de detención. En consecuencia, la detención fue policial y no judicial", explica.
MAGISTRADO. El letrado, que es magistrado en excedencia, insiste entonces en que "si esto es así, y debemos considerar que es así porque nos lo ha dicho el juez de instrucción en una resolución, la detención es completamente irregular y contraria a derecho". La tesis de Choclán gira en torno a que, "desde que el juez se hace cargo de la causa, la policía depende funcionalmente del juez. Como quiera que la detención se lleva a cabo tras una previa observación del teléfono de Santiago Santana Cazorla, que había sido ordenada por el juez, era el juez quien debía valorar la detención y no la policía".
De esta forma, el abogado del empresario grancanario explicó que "ya se han ejercido las acciones que marca la Ley". Concretamente, afirmó, se ha solicitado la "nulidad de la detención, que consideramos contraria a derecho".
Varias fuentes jurídicas consultadas ayer dudaban de la practicidad de solicitar la nulidad de la detención; incluso, algunas de las personas consultadas aseguraron que no habían escuchado jamás ese tipo de petición, aunque es posible que se hable de detención ilegal. Si es así, aseguraron, debería abrirse una causa nueva para investigar si la policía pudo cometer un delito de detención ilegal, algo un tanto complicado en esta causa abierta en el sur.
