El número de encausados en el caso Faycán -que indaga en la existencia de una presunta trama urdida originariamente para el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras y servicios en el Ayuntamiento de Telde- supera ya el medio centenar de imputados después de que el juez Francisco Javier García García-Sotoca haya aumentado la lista con tres nuevos acusados.

Según los datos a los que ha tenido acceso este rotativo, el instructor acusa ahora de la presunta comisión del delito de cohecho a Domingo Juan Campos, empresario de Gráficas Atlanta, al tiempo que sobre Ángel María González -al parecer, otro proveedor del consistorio- pesan las acusaciones de prevaricación y de maquinación para alterar el precio de las cosas. Completa la relación el aparejador municipal Emilio Hernández, adscrito a la Concejalía de Urbanismo y al que se le imputan los delitos de falsedad documental y de prevaricación.

Los tres han sido citados a declarar por García el próximo martes, en una jornada para la que también ha sido convocado, en último lugar, el administrador único de la constructora Mazotti, Alejandro Navarro, a quien se le tomará declaración.

El nombre de Domingo Juan Campos trascendió en el transcurso de la última declaración que el ex asesor de Obras Públicas, Francisco Gordillo, protagonizó ante el magistrado hace ocho días. La antigua mano derecha de la ex concejala María Antonia Torres dijo que sí lo conocía -tras habérselo presentado el ex concejal de Hacienda, Carmelo Oliva- y que con él "se llegó a algún tipo de acuerdo para el pago de comisiones" a cambio de la facturación de productos a nombre del Ayuntamiento.

Gordillo agregó que Campos pagó supuestamente porcentajes que rondaban el 8 por ciento de lo facturado y que estos abonos se produjeron "dos o tres veces" y estuvieron caracterizados por la entrega de "cantidades pequeñas de 2.000 ó 3.000 euros".

En cuanto al técnico municipal, su implicación en el caso parece obedecer en principio a sólo una cuestión administrativa, ya que fue la persona que supuestamente tramitó la licencia de reconocimiento final de obra de la nueva casa que Francisco Gordillo le compró en el casco de Telde a la empresa Preconte, cuyo administrador, José Luis Gutiérrez, también está imputado.

En el último interrogatorio del ex asesor trascendió que el técnico se negó en dos ocasiones a firmar dicho documento al haberse colocado en el ático de Gordillo una pérgola, artilugio para la que no contaba con permiso. El ex asesor obtuvo finalmente su permiso, y Gordillo apuntó al juez la posibilidad de que "Guillermo Reyes o José Luis Mena [ex jefe de Urbanismo]" hubiesen hablado con el técnico para conseguir "doblegar su voluntad" a la hora de estampar su firma.