La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Mari Pino Torres, tampoco quiere que se instale en su municipio la planta de gas, una infraestructura que el Cabildo de Gran Canaria estudia ubicar frente a la costa de Juan Grande y a la que también se opone el alcalde de Agüimes, Antonio Morales, quien lidera desde hace años un sólido movimiento de rechazo a la implantación de la regasificadora en el puerto de Arinaga.

Ambos dirigentes pertenecen a Nueva Canarias, partido que gobierna la institución insular en coalición con el PSOE, aunque en el caso de Torres parece dispuesta a echar un pulso a sus superiores en el Cabildo. De hecho, la regidora se reunió recientemente con José Miguel Pérez y le transmitió al presidente insular su negativa a la instalación de la planta de gas, tanto en la localidad como a un kilómetro y medio del litoral.

"El Castillo del Romeral tiene derecho a desarrollarse como cualquier otro punto de Gran Canaria", sostiene la alcaldesa, que pide "una reflexión a las administraciones" ante las últimas decisiones tomadas sobre la localización de equipamientos generales en el sur de Gran Canaria, entre ellos el nuevo centro penitenciario que se construirá entre Juan Grande y Castillo del Romeral. "Ya está bien. No se pueden endosar a la zona más infraestructuras de este tipo", añade la alcaldesa.

Por el momento, Mari Pino Torres descarta encabezar una movilización de rechazo frontal a la regasificadora, al menos hasta que el Cabildo termine de elaborar el plan territorial de hidrocarburos, un documento que fijará la ubicación final de la instalación. Según Torres, todavía no hay decidido nada respecto a su emplazamiento en San Bartolomé, pues así se lo ha comunicado el propio José Miguel Pérez. En cualquier caso, los técnicos insulares trabajan desde hace meses en esa vía como alternativa a la implantación en tierra, que es la solución que proponen los municipios del Sureste, entre ellos el de Agüimes.

Mari Pino Torres tampoco ha consensuado con su socio local una postura de rechazo. Este asunto ya propició la primera división importante del pacto suscrito por nacionalistas y socialistas, tras presentar la oposición una moción que rompió la disciplina de voto por primera vez en el actual mandato.