La Justicia investiga a fondo presuntas irregularidades en el desarrollo urbanístico del polígono industrial de El Goro, el principal complejo fabril del municipio de Telde cuyo crecimiento se ha visto inmerso en la polémica después de que un escrito emitido en julio de 2007 por la jueza María de los Ángeles Zabala -que instruye el denominado caso Doramas- diera fe del interés de la magistrada en dilucidar si durante el mandato anterior se cometió alguna irregularidad en el proceso de tramitación de al menos uno de los planes de expansión -hay hasta siete previstos- por parte de funcionarios y responsables políticos en el Ayuntamiento.
La magistrada, que también indaga en el presunto cobro de comisiones ilegales en el sector del taxi a través del caso Taprada, reclamó en 2007 a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias que le trasladase, vía policía, todos los expedientes y cualquier otra documentación que existiese en dicha consejería relativa a la modificación puntual llevada a cabo por la institución local en la zona de La Jardinera, según consta en el folio 1.211 del sumario que se encuentra dentro de uno de los cinco tomos que, hasta la fecha, han sido desclasificados parcialmente.
El hecho de que esta parte de la investigación todavía esté declarada "causa secreta" impide conocer de primera mano cuáles son los indicios que han llevado a la jueza a poner su mirada en este lugar de Telde y el resultado del posterior trabajo policial, pero todo parece indicar que con todo esto podría guardar algún tipo de relación la figura de Gilberto Ramírez, el empresario que fue detenido el mismo día que el ex jefe de servicio de Urbanismo en la ciudad, José Luis Mena, a quien se le vincula con varios propietarios de terrenos en la zona industrial.
REGISTROS. De hecho, dentro de la ingente documentación que fue requisada en mayo de 2007 en la casa y en el despacho profesional del conocido intermediario, los agentes pudieron localizar expedientes y carpetas con planos, copias de escrituras, certificaciones municipales y liquidaciones de impuestos referentes a otros dos planes de expansión de El Goro: los del SUSNO 10c -nombre bajo el cual se engloba una explanada de 119.135 metros cuadrados situada junto a la GC-1, pero entre la autovía y el mar y por debajo de la rotonda de acceso al polígono- y el SUSNO 1-3n Gando, que engloba a más de 331.000 metros localizados al sur de la antigua plaza de toros.
Con todo, Zabala no es el único juez que maneja documentación sobre El Goro. El instructor del caso Faycán, Francisco Javier García, también tiene papeles sobre la mesa debido a la pieza separada número 38 de su trama, la misma que indaga en los acuerdos de Grupo Europa con el pacto anterior. Una de las propuestas de expansión en El Goro de la que tiene conocimiento García incluía la construcción del potrero municipal -obra hecha por Mazotti- y, además, una parte del desarrollo de La Jardinera, al suroeste de las actuales naves, contemplaba la construcción de viviendas de protección oficial -casas que fueron adjudicadas a Grupo Europa- mientras que la otra reservaba suelo para que Urvitel, a través de un concurso, levantase instalaciones en las que reubicar a las industrias molestas del casco de Telde.
Para rematar este cuadro tan complejo, el proyecto de ampliación hacia el noreste de El Goro sufrió un considerable revés hace casi siete meses, cuando Urbanismo ordenó la imposición de un precinto. La razón: los promotores estaban ya levantando las naves cuando la licencia que habían recibido entonces sólo afectaba a las obras de urbanización (aceras, alumbrado, viales y demás). Por unas u otras causas, los trabajos de expansión están a día de hoy empantanados en varios frentes.
