Una treintena de vecinos de Cueva del Gato, en El Gamonal (Santa Brígida), ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJC contra una granja de cerdos y vacas que les hace la vida imposible ya que desde hace 25 años soportan olores nauseabundos y conviven con moscas y ratas que perjudican a su salud.
Esta granja funciona desde hace 25 años y la Justicia ha dictaminado que es ilegal, pero la sentencia no ha sido ejecutada. La granja cuenta con un millar de cerdos y unas doscientas vacas. "No podemos ni abrir las ventanas de nuestras casas", aseguran los vecinos.
Los vecinos están desesperado porque han acudido a la Guardia Civil, Juzgado, Ayuntamiento de Santa Brígida, consejerías de Medio Ambiente e Industria del Cabildo, Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Consejo Insular de Aguas y Agencia del Medio Rural.
El Ayuntamiento de Santa Brígida ha solicitado la ejecución del fallo y ha reclamado el desalojo de los animales a su propietario, pero no tiene medios ni competencias para hacer cumplir la sentencia. Los denunciantes consideran que debe ejecutarse con ayuda de organismos como Gesplan, "que dispone de medios suficientes".
El denunciado presentó un recurso de medidas cautelares para paralizar la sentencia, pero fue rechazado en noviembre de 2007 por la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. La Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, que dispone de los medios y es competente, no sólo no ha ejecutado el fallo judicial "sino que incluso sigue dando subvenciones al dueño de la granja", según los denunciantes.
DESALOJO. La resolución fue remitida el 21 de diciembre de 2007 al dueño de la granja por parte de la concejala de Medio Ambiente, Amalia Bosch, quien le pidió un plan y un cronograma que facilitaran el desalojo de los animales. El plan de retirada debía haber sido ejecutado en un plazo máximo de seis meses, pero ya ha transcurrido el doble de tiempo y las cosas siguen igual que antes.
El propietario alega que si le cierran su explotación ganadera se quedaría sin recursos para vivir su familia, por lo que se niega terminantemente a hacerlo. Dirigiéndose a la concejala de Medio Ambiente, dijo: "Lo que ustedes denominan eufemísticamente desalojo para mí supone el cierre de la granja, y con ello la pérdida del negocio del que vivo tanto yo como las familias de mis hijos".
