El juez Francisco Javier García García-Sotoca, encargado de la instrucción del 'Caso Faycán' sobre una presunta trama de corrupción en Telde (Gran Canaria), ha dictado hoy un auto por el que dichas diligencias se transforman en procedimiento abreviado y en el que se declara el sobreseimiento total de la causa respecto a los tres concejales del PP durante el anterior mandato municipal Sonsoles Martín Jiménez, José Suárez Martel y Domingo Ramírez Galindo, imputados por presunto cohecho, y a la representante de la filial del Grupo Europa en Las Palmas, Daniela Yazmina Falcón Hernández, imputada por presuntos delitos de falsificación documental y cohecho.
Asimismo, el magistrado declara el sobreseimiento parcial para la ex concejala de la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca) Candelaria Sánchez Vega respecto de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias; y del ex presidente del PP local, José Luis Sánchez González, respecto del presunto delito de revelación de secretos, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
De este modo, la ex edila de Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, Candelaria Sánchez Vega, sigue imputada por un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial, mientras que José Luis Sánchez González --también ex gerente de la sociedad municipal de Vivienda y Suelo Urvitel y ex asesor de la Concejalía de Desarrollo Local-- continúa imputado por un delito de malversación de caudales públicos.
La ex concejala de Obras Públicas, Contratación, Vivienda, Cultura, Educación y consejera delegada de la empresa municipal de Vivienda y Suelo Urvitel, Sonsoles Martín, estaba imputada por presunto cohecho, al igual que el ex concejal de Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, José Suárez, y el ex concejal de Servicios, Alumbrado, Parques y Jardines y Participación Ciudadana, Domingo Ramírez Galindo, todos ellos del PP y que fueron detenidos el 7 de noviembre de 2006 por la Policía Nacional y quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río.
SE SUMAN A OTROS CINCO IMPUTADOS A LOS QUE SE LES HA SOBRESEÍDO LA CAUSA. Además del archivo total de la causa respecto a estos tres concejales y la representante del Grupo Europa en Las Palmas, el juez dictó a finales del pasado mes de diciembre un auto en el que acordó el sobreseimiento provisional respecto a cinco imputados, entre ellos Alejandro Fernández Torres, hijo de la principal imputada en la causa y ex concejala de Contratación y Obras Públicas, María Antonia Torres (PP).
El magistrado ha sobreseído, además, la causa relacionada con la empleada municipal Milagrosa Carmen Ramos Ramos, los empresarios María Luisa Talavera Encinas y Alejandro Fresco Artiles y Ángel Mario González Báez, ex empleado de la empresa Santana Cazorla que trabajaba en la Concejalía de Contratación, informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado en el ámbito de las diligencias previas enmarcadas en esta investigación.
El 'Caso Faycán' salió a la luz pública el 1 de marzo de 2006 y desde entonces el número de imputados asciende a medio centenar, entre los que figuran el ex alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), varios concejales de su partido y de su entonces socio en el pacto local la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca), empresarios y empleados municipales.
Así pues, García García-Sotoca, que investiga el caso en comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde, ha sobreseído provisionalmente la causa contra Alejandro Fernández Torres, a quien el juez había impuesto una fianza de 40.000 euros e imputaba un presunto delito de blanqueo de capitales.
El joven, que fue detenido en abril de 2007, es uno de los tres hijos de la principal imputada y ex presidenta del PP en el municipio, María Antonia Torres, acusada de presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, delito contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales. Los otros dos hijos de la ex edil, María Eugenia y Francisco José Fernández Torres, siguen imputados por presunto blanqueo de capitales.
Asimismo, el magistrado ha sobreseído el caso respecto a la ex secretaria de la mesa de Contratación del Ayuntamiento, Milagrosa Carmen Ramos Ramos, a quien imputaba presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documento público.
Además de en relación a María Luisa Talavera Encinas, propietaria de la tienda Marisa Informática de la localidad grancanaria de La Aldea de San Nicolás, imputada por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos; así como sobre Alejandro Fresco Artiles, empresario de Pro-Man imputado por supuesto cohecho; y Ángel Mario González Báez, ex empleado de la empresa Santana Cazorla que trabajaba en la Concejalía de Contratación y a quien se le imputaba presunta prevaricación y alteración de precios.
MÁS DE UN CENTENAR DE INTERROGATORIOS. El 'Caso Faycán', que ha motivado hasta la fecha la imputación de más de 40 personas y el interrogatorio de más de un centenar, investiga la supuesta trama orquestada para la adjudicación de obras y contratos y compras de productos a cambio de comisiones ilegales en el Ayuntamiento del sureste grancanario en el anterior mandato local.
Entre los ediles que fueron detenidos en una primera fase de la operación realizada por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y que ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal Tributaria y la Audiencia de Cuentas de Canarias, figura la ex concejala de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad, María Antonia Torres, su entonces asesor, Francisco Gordillo, así como las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López.
El ex alcalde Valido y otros cinco concejales del PP (María Carmen Castellano, Carmelo Oliva, José Suárez, Domingo Ramírez y Sonsoles Martín) renunciaron a sus cargos el 24 de noviembre de 2007. Tras ser detenidos días antes y prestar declaración ante el juez y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, el regidor y los cinco ediles quedaron en libertad provisional con cargos bajo fianzas, algunas de las cuales se les han reducido o retirado durante el procedimiento judicial.
Además, también ha sido imputado por presunto delito de prevaricación el ex concejal de Urbanismo, Guillermo Reyes (AFV-Ciuca), así como el ex parlamentario regional del PP Jorge Rodríguez por supuesto tráfico de influencias.
Este caso se inició en verano de 2005 tras la denuncia de una empresaria que declaró que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento de Telde le exigió pagar una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.
