El magistrado Francisco Javier García García-Sotoca dio por terminada el viernes, tras tres aos y medio de investigación, la instrucción del caso Faycán que se diligenciaba en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Telde y llevará a juicio a 37 personas entre políticos del PP y Ciuca-AFV, familiares de éstos, empresarios y trabajadores municipales.

En la lista de acusados detallada en el auto emitido por García se encuentran el ex alcalde de Telde Francisco Valido, del PP, y los entonces concejales de ese mismo partido Carmelo Oliva, María Antonia Torres, María del Carmen Castellano y Guadalupe López, y la edil de AFV-Ciuca Candelaria Sánchez.

También están el ex portavoz en el Gobierno regional del PP, Jorge Rodríguez, Francisco Gordillo, ex asesor de Torres, la principal imputada, y a Enrique Orts, antiguo interventor de Telde y marido de la edila de Obras Públicas y Contratación, entre otros.

Han quedado excluidos del listado de acusados los ex concejales del PP Sonsoles Martín, José Suárez y Domingo Ramírez, a quienes se les han sobreseído de forma provisional las imputaciones de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, alteración en el precio de las cosas y cohecho que sobre ellos pesaba. También quedó fuera la empresaria Daniela Yazmina Falcón.

PIEZA SEPARADA. Entre los imputados no está el ex concejal de Ordenación Territorial Guillermo Reyes, que continúa bajo investigación judicial después de que el magistrado ordenara la apertura de una pieza separada al considerar que los hechos que se le imputan "no son conexos" con el caso Faycán.

En el auto se decreta asimismo la modificación de los cargos que se imputan a Candelaria Sánchez y el ex secretario del PP en Telde José Luis Sánchez. En el primer caso, el magistrado considera que no ha quedado probado que la ex edila de Ciuca cometiera los delitos de cohecho y tráfico de influencias y le mantiene los de prevaricación y falsificación en documento oficial. A Sánchez le retira la imputación de revelación de secretos y se le envía a juicio por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, deberá presentar los escritos de acusación en diez días.