La trama ideada en torno al grupo del PP en el Ayuntamiento de Telde se puso en marcha para financiar a la delegación local del partido, pero el dinero acabó en bolsillos particulares. Entre otros, en los del ex alcalde Francisco Valido y los concejales María Antonia Torres, Carmelo Oliva y María del Carmen Castellano.

Según se recoge en un auto muy elaborado del magistrado Francisco Javier García, existen indicios suficientes para asegurar que Toñi Torres y su marido Enrique Orts -interventor del Ayuntamiento-, junto con Francisco Valido y Carmelo Oliva "se concertaron a fin de pergeñar en principio un sistema de financiación ilícita del Partido Popular". Para ello, el primero de los pasos fue "anular las órdenes de pago del ejercicio 2003", de tal forma que se ejercía un total control de los pagos que se hacían en el Ayuntamiento, con el interventor Enrique Orts haciendo las "funciones propias de la tesorería".

Con el objetivo inicial de "obtener fondos para allegar al Partido Popular, se acordó instrumentalizar a una serie de empresas de confianza, a las que se les adjudicaron obras usando como regla general el procedimiento negociado sin publicidad". A esas empresas se les cobraba entre un seis y un ocho por ciento de comisión, y en algunos casos el cobro llegó a ser del veinte por ciento del total de la cuantía de la adjudicación.

Siempre había un grupo de empresas amigas, y cuando se tenían que adjudicar obras a través de un concurso público se les filtraba el pliego de condiciones para que pudieran presentarse en condiciones ventajosas.

Sin embargo, la finalidad inicial de la trama "no se cumplió" y "el dinero obtenido de las empresas pasó al peculio privado" de los imputados, principalmente al del alcalde Francisco Valido y los concejales Toñi Torres, Carmelo Oliva y María del Carmen Castellano. También en la nómina de comisiones hay numerosos técnicos municipales.