Mazotti reclama 1,2 millones por una obra que los técnicos de Telde calculan que sólo costó 471.000 euros

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ Telde sigue sin librarse del caso Faycán. Ayer fueron los concejales de varios grupos y hasta el propio alcalde, Francisco Santiago, los que volvieron a hacer alusión a esta presunta trama de corrupción orquestada para el cobro de comisiones tras dar a conocer en el pleno, y abordar en él, el contenido de un informe elaborado por un arquitecto externo en el que se da cuenta de la supuesta irregularidad detectada en el coste de la obra del nuevo potrero municipal, hecho por la constructora Mazotti tras serle adjudicado en la época de Toñi Torres como concejala de Obras.

Según el trabajo del arquitecto Juan Pedro Martín, leído en parte por el interventor accidental, Antonio Ramírez, la inversión en el depósito de vehículos fue de apenas 471.000 euros cuando las obras se habían adjudicado por cerca de 900.000 y la constructora -acogida a la ley concursal- había presentado certificaciones por importe de 1,2 millones de euros.

Esta tasación -que aborda cuestiones como numerosos desfases en la cantidad y calidad de los materiales que debían haberse empleado conforme a lo contratado- llegó tras el verano de 2007 al juzgado de Telde, donde se investigaba el caso Faycán desde dos años antes, y fue, según la versión ofrecida este mismo lunes por el concejal Guillermo Reyes, la causa por la que el ex jefe de servicio de Urbanismo, José Luis Mena, esté imputado en este caso.

Reyes echó en cara a Perera su decisión de recurrir a un profesional "ajeno a la corporación y que está en Sevilla" para hacer este trabajo, afirmó que su actuación entre 2003 y 2007 como edil de Urbanismo había sido "intachable" y solicitó a su sucesor que no diese "ya como culpables a personas que están imputadas, no condenadas".

El debate que se generó al respecto terminó involucrando a otros ediles y al propio alcalde, quien acabó rememorando la política de pagos impuesta por PP y AFV-Ciuca durante el anterior mandato para explicar la actual deuda extrapresupuestaria.

En principio, el Ayuntamiento había aprobado una subida del 4,9% atendiendo al IPC registrado entre agosto de 2007 y el mismo mes de 2008, pero la crisis económica y ulteriores recortes hicieron que la cifra se quedase en un 2,4%. El aumento también se aplicará a la tasa de saneamiento y alcantarillado.

Otro de los asuntos aprobados fue la retirada de la encomienda del servicio de grúas a Urvitel. Hasta que se adjudique, una empresa lo prestará en precario.