El TSJC avala la anulación de la permuta de San Rafael

A. J. F./TELDE Una sentencia emitida el 29 de mayo por el TSJC ha rechazado el recurso de apelación que la empresa Iniscan presentó tras la anulación de la permuta de la finca de San Rafael, gracias a la cual el Ayuntamiento de Telde se hizo con una gran casona para habilitar en ella el mayor centro de discapacitados de Canarias -tarea que nunca se acometió- y, a cambio, el inversor obtenía varios solares comerciales ubicados cerca de Alcampo.

En el nuevo escrito, el tribunal vuelve a hacer suyas las consideraciones que enarboló otro juzgado de lo Contencioso de la capital para echar por tierra el citado acuerdo, aduciendo a fallos formales en la tramitación de la permuta, pero también destacando el hecho de lo "escandalosamente injustificado" que resultaba el que Iniscan, filial de Santana Cazorla, obtuviese la finca por 2,52 millones de euros y, un mes después, la intercambiase con el consistorio por solares valorados en 6,38 millones.

El aspecto más llamativo de la última resolución del TSJC al respecto es el hecho de que esta sentencia es firme, y contra ella no caben ya más recursos. En consecuencia, la anulación de la permuta auspiciada por Guillermo Reyes y María Antonia Torres en agosto de 2004 -'bendecida' por el entonces alcalde Francisco Valido, de vacaciones aquel mes- ya no tiene marcha atrás, y ahora sólo queda que el pacto acabe los trámites para recuperar los solares.

OTRA CAUSA. De otro lado, la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó el 16 de junio un auto por el que permite a la Agrupación Federal del Valle de Jinámar (AFV), liderada por Guillermo Reyes, presentarse como acusación particular en el denominado caso Yrichen, por el que se investiga la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio durante los trámites para construir un centro de atención a drogodependientes en La Pardilla.

Por esta causa, cuya instrucción ya está terminada, se hallan imputados el alcalde Francisco Santiago, un concejal, dos ex ediles y otros tantos arquitectos. El fiscal pide para los técnicos dos años de cárcel y una multa y, para los políticos, nueve años de inhabilitación. El juicio no está fijado. Es probable que el abogado de Reyes suba estas cifras.