ANÍBAL RAMÍREZ
La adjudicación del concurso para el servicio de vigilancia y seguridad en inmuebles y dependencias del Cabildo de Gran Canaria se ha paralizado dos veces en una semana. Los servicios jurídicos de la Corporación insular deberán emitir un informe sobre la validez del certificado de gestión ambiental presentado por la entidad ganadora, Serramar Vigilancia y Seguridad SL. Esta empresa fue puntuada con 88,40 puntos, quedando por encima de la actual concesionaria de esta prestación, Seguridad Integral Canaria, con 83,41.
La mesa permanente de contratación ya dejó sobre la mesa este polémico expediente el miércoles pasado y ayer en una sesión extraordinaria volvió a hacerlo, a raíz de una alegación presentada por la patronal canaria de la pequeña y mediana empresa (Cecapyme) advirtiendo que acudiría a los tribunales de Justicia si no se cumplía la legalidad "sobre el ámbito territorial" de la ISO 14001:2004 acreditada por Serramar Vigilancia y Seguridad.
Esta "duda" se planteaba en el propio informe de adjudicación elaborado por el servicio de régimen interior de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria en el que se expone que haciendo una interpretación estricta "se vislumbra que dicho ámbito se limita a la oficina radicada en la provincia de Lugo". Con el fin de aclarar este aspecto, la mencionada unidad administrativa solicitó información a la firma acreditadora Aenor que contestó que sus certificados abarcan las actividades de la empresa incluidas en el alcance donde éstas se desarrollen, "salvo que se especifique lo contrario", razón por la que se le concedió los 10 puntos de este apartado. Por contra, Cecapyme entiende que la normativa obliga a que el ámbito de este certificado sea el de su delegación en Canarias.
En juego está un contrato de cinco millones de euros, tras la rebaja realizada por las empresas, para prestar el servicio de vigilancia en la treintena de inmuebles de la corporación insular en el próximo año y medio.
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