Casi ninguno de los 200 trabajadores que actualmente participan en la construcción de la cárcel de Juan Grande pertenece al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los vecinos de Castillo del Romeral denuncian que en los puestos de trabajo de las obras de la nueva prisión de Gran Canaria, "se está rechazando a la gente de la zona" y se incumple uno de los principales compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la implantación de la institución carcelaria en esta zona del Sur.

"Si hay una cosa grande que se está haciendo en el pueblo y alguien necesita trabajo, que se lo den a los trabajadores de aquí", protestan los vecinos. Para éstos, los políticos no han cumplido con su palabra, cuando incluso prometieron centros de formación para preparar a los vecinos de cara a las oposiciones de funcionario de prisiones.

El Consejo Abierto de Vecinos de Castillo del Romeral, una de las principales plataformas de oposición a la construcción del recinto penitenciario, recuerda que, "todo los que vendieron el tema de la cárcel hablaron de las bondades de los puestos de trabajo", señaló uno de sus portavoces, para añadir que "nosotros siempre nos hemos negado a recibir contraprestaciones en unas obras que mantenemos que son ilegales. Lo que decimos es que cuando lo vendieron nos mintieron".

"Yo no voy a parar en este sentido, ya que la cárcel nos la han impuesto", continuó la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Torres insistió en sus reivindicaciones sobre los beneficios que la prisión debe darle al Sur al señalar: "Creo que incluso los talleres que se desarrollen dentro deben de estar en coordinación con este municipio para que respondan a necesidades del entorno y que los proveedores también sean gente del municipio, aparte de otras contraprestaciones que se deberían procurar, como pueden ser las mejoras en casas de la zona".