ANÍBAL RAMÍREZ
La Delegación del Gobierno en Canarias informó ayer de que la empresa pirotécnica Francisco Dávila León e Hijos SCP, ubicada en Teror, cumplía la normativa de explosivos que regula esta actividad peligrosa, incluida la póliza de seguro de responsabilidad civil obligatoria para casos de accidente en la actividad.
El subdelegado de la administración central en el Archipiélago canario, Vicente Oliva, señaló ayer que se han iniciado los protocolos para conocer los motivos que dieron lugar a la explosión de la Pirotécnica El Secuestro en la tarde del miércoles con el trágico desenlace del fallecimiento de su propietario, Francisco Dávila, y su hijo Pablo.
El potente estallido se ocasionó en el área de los talleres de venta y de productos intermedios, en donde se encontraban los fallecidos, afectando su onda expansiva a las oficinas, en las que se encontraba el sobrino del empresario, Francisco Jiménez, que resultó herido. El siniestro no alcanzó afortunadamente a los ocho polvorines autorizados.
La empresa pirotécnica de Francisco Dávila León e Hijos data de 1974, a la que se le han ido concediendo sucesivas autorizaciones, la última en 2007. Estos permisos se conceden por la Delegación del Gobierno en Canarias, tras los preceptivos informes del área de Industria y Energía y de la Guardia Civil. Asimismo, estos organismos realizan inspecciones periódicas de las instalaciones.
La consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Monzón, valoró la "actuación rápida y efectiva" del dispositivo montado con cuatro helicópteros y personal de Medio Ambiente, Consorcio insular de Emergencias, Protección Civil y Guardia Civil, que evitó además que se convirtiera en un incendio forestal.
En la Unión Europea se producen al año unos 45.000 accidentes pirotécnicos. Bruselas ha aprobado unas normas más seguras a las que se deben adaptar las nacionales, que en el caso de España data de 1998.
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