Archivan la denuncia del alcalde a Guadalpue del Río

CRISTÓBAL PEÑATE
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha archivado la denuncia presentada por el alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, contra la ex concejala de Servicios Sociales, Guadalupe del Río, que fue acusada por algunas trabajadoras sociales de extralimitación en sus funciones, amenazas e insultos. Ambos pertenecen al PP.

El fiscal sobresee la denuncia por entender que no hay ninguna prueba que sustente la acusación. Bravo de Laguna trasladó al fiscal la denuncia de algunas trabajadoras sociales contra la concejal, que renunció a sus delegaciones después de que el alcalde le quitara sus competencias en Asuntos Sociales.

El primer edil se basó en varias denuncias internas que afectaban a varios departamentos de la Concejalía de Servicios Sociales, especialmente al club municipal de mayores, donde según algunas trabajadoras la situación era intolerable, algo que siempre desmintió Del Río.

Bravo de Laguna aceptó el archivo del fiscal y manifestó a este periódico que el Ayuntamiento no recurriría el sobreseimiento "porque ahora mismo, tras la salida de Guadalupe del Río de Servicios Sociales, el ambiente es armónico y bueno. No queremos crear más problemas de los que ha habido". Los informes contra la concejala se remitieron al alcalde en marzo.

La concejala, que siempre ha defendido su inocencia, entiende que la denuncia se interpuso por razones personales y políticas ya que Servicios Sociales es un departamento muy apetecido siempre por su protagonismo y por la rentabilidad electoral que tiene al relacionarse con colectivos del municipio, como mayores, jóvenes, niños, mujeres y discapacitados.

Las animadora sociocultural del club de mayores Edelmira Martín remitió un escrito al alcalde en el que acusaba a Del Río de "ausentarse de su puesto de trabajo, a pesar de tener dedicación exclusiva". La trabajadora aseguraba que la edila obligaba a los técnicos a asumir competencias que no les correspondían. Martín acusó a la edila de no comunicarse con el personal y de hacerle tomar decisiones que no le incumbían, "lo que perjudica ostensiblemente el servicio al público, perjudicando a los vecinos y dando una mala imagen del departamento".