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FÁTIMA MARTEL
Cáritas Diocesana ayudará a más de 800 familias grancanarias con una nueva subvención de 250.000 euros procedentes del Cabildo de Gran Canaria. Esta ayuda se suma a otra partida de 190.000 euros que se entregó a principios de año y que benefició a más de 500 familias afectadas por la actual crisis económica. Los usuarios han aumentado este año ya en un 40%.
La subvención llegará a sus demandantes a través de las 25 parroquias que se han adherido al programa de ayudas de emergencia. La secretaria general de Cáritas Diocesana, Fátima Díaz, reconoció ayer que el perfil de los demandantes ha variado. La vulnerabilidad en la que ya estaban numerosas familias isleñas se ha visto aún más complicada por la crisis, por eso "hoy en día quienes acuden a Cáritas son gente joven, que antes tenía una hipoteca y ahora se ha quedado sin trabajo".
La partida presupuestaria de 250.000 euros irá destinada a cubrir las necesidades alimentarias de las familias. "La situación actual es tan alarmante que el dinero sólo podrá cubrir gastos de comida", explicó Díaz.
Las parroquias serán las encargadas de repartir el vale de compra tras realizar un estudio que demuestre la emergencia social de cada unidad familiar. En él se tendrá en cuenta el número de componentes de la unidad familiar y también los ingresos mensuales. Para poder justificar los gastos, los demandantes deberán limitar su compra a los productos considerados de carácter básico.
Fátima Díaz comentó que los gastos de alquiler, luz y agua se cubrirán sólo en aquellos casos que sean de extrema emergencia. Éstos deben ser sufragados con las limosnas recogidas por cada parroquia.
En lo que va de año las personas que más han acudido al amparo de Cáritas son vecinos de los barrios capitalinos de Las Rehoyas, El Polvorín y Casablanca III, las zonas teldenses de El Calero y San Gregorio. También hay un importante paquete de peticiones del municipio de Arucas y Guía, "sobre todo La Atalaya", señaló Díaz.
El Cabildo de Gran Canaria señaló que esta nueva partida ha sido aprobada en vista de que los 190.000 primeros euros no dieron más que para seis meses. Además, considera que la cobertura que ofrece la organización es eficaz, ya que prestan atención a las necesidades básicas de los sectores más excluidos.
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