PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Una de las siete empresas implicadas en la red Gürtel, la constructora Hispánica, pujó en concurso público por un contrato de cerca de 40 millones de euros en Gran Canaria. Hispánica se presentó en UTE (unión temporal de empresas) con Mazotti y otra sociedad al concurso de la Ciudad del Agua en el Cabildo de Gran Canaria, pero la entrada en proceso concursal de Mazotti la privó de cualquier posibilidad de éxito. Por un proyecto similar al presentado en Gran Canaria, Hispánica se encuentra implicada en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que se extiende al menos a cuatro comunidades autónomas: Madrid, Valencia, Galicia y Castilla-León.
El 10 de mayo de 2007 la mesa de contratación del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte adjudicó a la constructora Hispánica el contrato de lo que se denominó Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte, por un importe cercano a los 30 millones de euros. Por las irregularidades que se produjeron en esa adjudicación están imputados el alcalde del municipio, varios de sus concejales y los responsables de la constructora, como posibles responsables de un delito de cohecho por un presunto pago de más de 600.000 euros a cambio de la adjudicación.
La red Gürtel afecta a numerosos cargos del Partido Popular -entre ellos su tesorero, Luis Bárcenas-, suma más de cien imputados y su cabecilla es el empresario Francisco Correa, alias Don Vito, hoy en prisión.
Hispánica trató de ejecutar en Gran Canaria un proyecto casi calcado al de Boadilla del Monte, pero no lo consiguió. El 19 de septiembre de 2007, cuatro meses después de cerrar la operación en el Ayuntamiento madrileño, la mesa de contratación del Cabildo de Gran Canaria se reunió para resolver el concurso de la Ciudad del Agua y del Deporte de Gran Canaria, un negocio redondo con unas cifras de vértigo: beneficios anuales de 1,2 millones de euros en un contrato a 35 años con una inversión del Cabildo de 36.477.028 euros.
Las empresas aspirantes eran el Grupo Ralons, del empresario Miguel Ángel Ramírez, y una UTE formada por Mazotti, Servicios Proyectos Deportivos y la constructora Hispánica, la misma de Boadilla del Monte.
El PSOE, con la ayuda de Nueva Canarias, acababa de desbancar de la presidencia del Cabildo al Partido Popular y el concurso fue declarado desierto, con los votos a favor de socialistas y nacionalistas, la abstención del PP -gobernaba cuando se inició el concurso- y la observación de CC de "la necesidad pública de continuar con el proyecto". La entrada en proceso concursal de Mazotti impidió que se pudiera valorar la propuesta de la UTE y la del Grupo Ralons presentaba, según la mesa de contratación, "numerosas deficiencias".
El proyecto que se pretendía hacer en Gran Canaria era idéntico al que Hispánica logró en Boadilla del Monte. Hasta el nombre era similar -Parque del Deporte y la Salud y Ciudad del Agua y del Deporte-. Entre los técnicos del Cabildo que realizaron informes sobre el proyecto se encontraba José Luis Díaz, imputado por el presunto cobro de comisiones de Mazotti en una causa judicial.