El juez archiva el ´caso La Mareta´

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ
El titular del Juzgado número 5 de Telde, Sergio Ruiz, dictó un auto el lunes por el que decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones llevadas a cabo desde 2006 para dilucidar si el actual concejal de Patrimonio de la ciudad, Ildefonso Jiménez (NC), el asesor Juan Manuel Cabrera y el empresario Julián Gómez del Castillo pudieron cometer varios delitos durante el proceso de alquiler de dos grandes parcelas en La Mareta.

Judicialmente hablando, el caso nace en marzo de 2006, tras la detención de la entonces concejala de Obras, María Antonia Torres, por el caso Faycán. El gobierno de aquel mandato (PP y AFV-Ciuca) anunció la presentación de una querella al sostener que contaba con "pruebas" que demostraban un presunto trato de favor llevado a a cabo por los nacionalistas en 2003 para adjudicar a Gómez del Castillo la explotación de los más de 130.000 metros cuadrados emplazados junto a Alcampo.

Entre otras cosas, el concejal Guillermo Reyes sostenía que ambos se habían intercambiado información sobre el pliego de condiciones que rigió aquel concurso, y también denunció que el grupo de gobierno de CC, que falló el concurso tres días antes de las elecciones de 2003, había valorado las parcelas a un precio irrisorio. Fruto de esta querella, Jiménez, Cabrera y Gómez del Castillo fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El juez rechaza ahora estas acusaciones y afirma que "tras la prolija y amplia instrucción llevada a cabo, no ha quedado debidamente acreditada la existencia de la comisión de un delito", al tiempo que califica de "meras hipótesis o conjeturas criminales" el contenido de la denuncia que enarboló en primera instancia la Junta de Gobierno de PP y AFV-Ciuca y que luego Reyes asumió como propia.

En el auto, Ruiz apostilla que "no se aprecian indicios de criminalidad que justifiquen la continuación de la instrucción y el mantenimiento de la imputación largamente sostenida desde 2006 contra los denunciados". Entre otras cuestiones, el magistrado alude al resultado de las tasaciones encargadas por la Justicia a dos peritos externos y califica como "normales" los contactos previos que pudieron darse entre los tres imputados.