M. J. MONZÓN
La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha remitido un informe al Ayuntamiento de Gáldar en el que se cuestiona la legalidad de varios artículos del convenio laboral, que fue aprobado el pasado mes de julio.
Como se recordará, el grupo de gobierno galdense y el sindicato UGT firmaron el acuerdo para modificar el convenio laboral, al tiempo que se paralizaba el expediente de regulación de empleo iniciado por el Ayuntamiento, que justificaba por el elevado número de trabajadores.
Desde la sección sindical de Sí Canarias en el Consistorio galdense se ha denunciado que tanto el grupo de Gobierno como UGT, han silenciado el informe negativo de Función Pública, que en principio, estaría en los mismos términos del emitido sobre el convenio laboral de 2006, que fue impugnado en los tribunales por la Delegación del Gobierno en Canarias.
El representante de Si Canarias y presidente de la Junta de Personal, José Antonio Vega, ha manifestado que su sindicato ha solicitado copia del nuevo informe, ya que temen que pueda ocurrir lo mismo que con el convenio de 2006. Función Pública dictaminó ilegal el convenio de 2006, ya que se garantizaba la estabilidad del personal sin pasar por unas oposiciones a funcionario, que es la misma situación que se da en el convenio actual, ya que las plazas del personal laboral indefinido son intocables.
Sí Canarias cree que se está intentando agotar los plazos para que no se presente un recurso de impugnación por parte de la Dirección General de la Función Pública.