La querella, arma política en Telde

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA La historia política de los últimos seis años en Telde se viene escribiendo no sólo en el salón de plenos, sino también en los juzgados de la calle Párroco Hernández Benítez. El auto conocido este martes, por el que se archiva el caso La Mareta -en el que estaban imputados el concejal de Patrimonio, Ildefonso Jiménez, el asesor Juan Manuel Cabrera y el empresario Julián Gómez del Castillo a raíz del proceso de alquiler de dos parcelas junto a Alcampo- ha vuelto a situar en primera línea de la actualidad la agria confrontación que desde 2003 protagonizan las cabezas visibles de AFV-Ciuca -con los hermanos Guillermo y Carmelo Reyes al frente- y de Nueva Canarias, con Francisco Santiago y el propio Jiménez en el blanco de las críticas federalistas.

Como testigos, como denunciantes o como imputados. Tanto ellos como otros munícipes, técnicos, funcionarios y empresarios se han visto obligados a pisar en más de una ocasión el Palacio de Justicia de San Juan. La mayoría de las andanadas en forma de querellas han partido desde la nave que capitanea Guillermo Reyes, y lo cierto es que hasta hoy ninguna de sus denuncias ha supuesto graves daños jurídicos -que no personales- en la línea de flotación nacionalista. Reyes ha intentado casi siempre que los magistrados imputasen a Santiago en mil cuestiones, pero la delegación de su firma en sus lugartenientes y la conclusión a la que han llegado los jueces -en función de lo que se ponía sobre su mesa- han hecho que esto no sea así.

La aparición de una acusación de falsificación de documento público que se le achaca al ex jefe de Urbanismo, José Luis Mena, no pinta nada bien, a priori, para los intereses de la acusación particular.

Junto a ellos existen otras causas de menor empaque. La compra de un motor para un parque urbano, la demolición de una casa protegida, el sueldo que Jiménez percibía de las arcas locales, la colocación de una puerta en su casa de Teror... Todo ha sido objeto de denuncia y/o querella por parte de Guillermo Reyes o de sus otrora compañeros. Esta sobredosis de la judicialización de la vida pública ha motivado que varios concejales de NC (antes de CC) estén imputados en distintas fases.

Y al listado se han sumado otros -caso de Santana Cazorla o de una empresa local que ha denunciado irregularidades en el plan de pagos del Ayuntamiento- que han motivado con sus denuncias, en primera instancia, el hecho de que Santiago también comparta este dudoso honor con sus compañeros.

Lo que está claro es que, visto lo visto, a los abogados no les falta trabajo en Telde.