Amigos de la Pardela tumba el tramo San Andrés-Pagador

JUANJO JIMÉNEZ
La asociación ecologista Amigos de la Pardela Cenicienta-Besay ha ganado un contencioso administrativo que tumba el proyecto viario redactado por el Gobierno canario para el tramo comprendido entre San Andrés y El Pagador, en los municipios de Arucas y Moya.

La Sala entiende en su fallo que el trazado diseñado por Obras Públicas para el kilómetro y medio de distancia entre ambos puntos no está justificado y que carece del preceptivo informe de impacto ambiental que requiere su construcción.

El TSJC, que no entra a evaluar en ningún momento la afección a la que se considera como la mayor colonia de pardelas cenicientas de la isla de Gran Canaria, y que tienen en los cantiles de la zona su área de nidificación y cría, se centra sin embargo en las varias sentencias que en el mismo sentido ha pronunciado la Sala contra el denominado Plan Territorial Especial de Infraestructura Viaria del norte, derivadas de los recursos presentados por otras asociaciones y empresas, y que se han saldado siempre con el mismo resultado, no sólo en la zona que intenta defender la citada asociación querellante, sino también en puntos como la variante de Bañaderos o en los lugares que afectan al Parque Rural de Doramas y al barranco de Azuaje, entre otros.

El TSJC considera fundamentalmente que, además de la falta de un estudio sobre la flora y fauna que pudiera quedar afectada por la construcción de una nueva carretera, lo que se contrapone, dice, con el desarrollo sostenible que pretende potenciar el Gobierno de Canarias, tampoco existe una explicación de "por qué se abandona el criterio prioritario de aprovechar las vías existentes".

Además, se subraya, con respecto a los tramos que afectan a Bañaderos, así como a la salida de los túneles contemplados en el Plan Territorial en Quintanilla para dar la salida a la controvertida variante, la incidencia sobre los cultivos de plataneras tanto en punto como en otro, y en la afectación al paisaje.

Por último, los redactores del fallo destacan la "incongruencia" existente "entre la solución elegida y la realidad", según ha comprobado la sala, que se confiesa "totalmente ajena a las motivaciones políticas, sociales y económicas, y a los criterios de oportunidad en los que se sustentan buena parte de los argumentos vertidos" por los denunciantes.

En cualquier caso, según explica el abogado de la asociación, Javier Díaz-Reixa, el Gobierno de Canarias puede recurrir el fallo.