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Otro solar minado

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Solar en el que estaba previsto construirse el centro comercial y deportivo de La Barranquera.  YAIZA SOCORRO
Solar en el que estaba previsto construirse el centro comercial y deportivo de La Barranquera. YAIZA SOCORRO  

La investigación de la Guardia Civil en el 'caso Barranquera' ha detectado diversas anomalías en la tramitación de otro expediente urbanístico. En la causa hay 17 imputados, casi todos ediles.

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ El último expediente urbanístico al que le ha metido mano la Guardia Civil daría para todo un bestseller. La investigación desarrollada por los efectivos de la Benemérita desde finales de 2008 ha permitido descubrir la existencia de numerosas irregularidades en la tramitación del proyecto, que tenía por finalidad la construcción de un gran centro comercial y deportivo en una parcela de 12.000 metros cuadrados situada en La Barranquera. Otro campo minado en la ciudad tras el escándalo surgido con el solar del Calero.

En la práctica, la interpretación hecha por los agentes y la jueza María de los Ángeles Zabala ha supuesto, a día de hoy, la imputación por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio de 17 personas. Entre ellas se halla la práctica totalidad del actual gobierno de Telde. Los cargos que se les atribuyen devienen de distintas cuestiones. De un lado, la instrucción entiende que el solar -destinado en 1994 a uso deportivo- no podía ser recalificado para albergar un equipamiento comercial, como se planeó posteriormente.

Así al menos lo informó el Gobierno de Canarias, a través de la Cotmac, en un informe remitido a la Benemérita. Otro asunto que levantó las sospechas del instituto armado fue la aparente inexistencia de un convenio urbanístico que otorgase carta de legalidad a esta operación. Eso sin dejar atrás las contradicciones en las que incurrió una de las funcionarias que tramitó el expediente -primero afirma que se ha firmado y disuelto "de mutuo acuerdo" el contrato con el promotor interesado en hacer el proyecto y luego lo niega-, la entrega de licencias a destiempo, la devolución de un aval y la rescisión del acuerdo en un pleno cuya urgencia no quedó motivada. Los investigadores concluyen que "se ha llevado a cabo un procedimiento viciado desde un principio provocando un grave perjuicio al interés general".

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