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Telde

Detenidos tres directivos de la empresa recaudadora

Los agentes investigan el presunto pirateo de programas informáticos y el uso irregular de datos de particulares por parte de la firma Colaboración Tributaria

 
Jesús Álvarez (derecha), con su abogado, Carmelo Padrón, ayer, a su llegada al Palacio de Justicia de Telde.  J. C. CASTRO
Jesús Álvarez (derecha), con su abogado, Carmelo Padrón, ayer, a su llegada al Palacio de Justicia de Telde. J. C. CASTRO 

A. J. F.
Las investigaciones abiertas en el Ayuntamiento de Telde y su entorno por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no dejan de propiciar sobresaltos. Las pesquisas que lleva a cabo desde hace meses la Guardia Civil han supuesto esta semana la detención de tres nuevas personas en el denominado caso Recaudación, que indaga la presunta comisión de varios delitos -entre ellos, uno contra la propiedad intelectual, otro contra la ley de protección de datos y un tercero de usurpación de funciones- por parte de la empresa Colaboración Tributaria (CT), que colabora con el consistorio en la recaudación de impuestos, y de varios miembros de su plantilla.


Según confirmaron fuentes oficiales del instituto armado a este rotativo, los agentes procedieron entre el lunes y el martes a la detención de Ramón Solé, propietario de CGI (empresa a la que pertenece CT); Enric Tarrada, gerente de CT; y Candelaria Trujillo, directora de esta última sociedad. Todos ellos fueron citados a declarar, acompañados por abogado, en las dependencias que la Guardia Civil tiene en la capital grancanaria. Allí fueron formalmente detenidos y posteriormente puestos en libertad, al parecer con cargos. La actuación se suma a la que tuvo lugar hace ahora dos semanas, cuando los agentes arrestaron a seis empleados de esta empresa en la sede que la misma posee en el barrio de Arnao.


Las pesquisas parten de la denuncia interpuesta meses atrás por Sebastián López Castro, un empleado de CT que asegura que la empresa, además de acosarlo, "manipula en su oficina datos privados de los contribuyentes cuando esta función sólo puede ser llevada a cabo por funcionarios", tal como ha venido denunciando el PP en los últimos plenos. La empresa, por su parte, salió hace dos semanas al paso de estas acusaciones y, amparándose en la Ley General Tributaria de 2003 y en el Real Decreto 1065/2007, afirmó en un comunicado que su actividad está "autorizada".

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