ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ
La supervivencia de 576 casas construidas de forma ilegal en el municipio de Telde está en peligro. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Telde acaba de concluir el proceso de adaptación del Plan General del municipio a las normas urbanísticas supramunicipales -como son las directrices de ordenación del territorio y la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias- y, tras ese arduo proceso, al concejal del área, José Antonio Perera, ya le ha quedado claro que de las 1.533 casas ilegales censadas en la localidad -lo que no significa que no existan muchas más- se podrían regularizar unas 955 a través de distintas vías. El resto "lo tiene muy complicado" para no caer con la piqueta.
Perera recordó ayer que la relación total de construcciones que pidieron ser regularizadas y se inscribieron en el Ayuntamiento "no puede ser ahora ampliado" al expirar los plazos abiertos en el anterior mandato por PP y Ciuca-AFV.
La previsible amnistía que se aplique a las 955 edificaciones repartidas en barrios como Tara, Montaña Las Palmas, Pedro Paso, Lomo Catela, Nueva Guinea o Lomo Blanco y otros asentamientos se fundamentará en la calificación que se otorgue al suelo que ahora ocupan y, sea como fuere, será el propio Gobierno de Canarias "quien tenga la última palabra con todas ellas. El Plan General no las va a legalizar, pero sí va a abrir la puerta a esa opción", detalló el munícipe, quien recalcó que en "el Plan Insular hay asentamientos de menos de diez casas que no podrán ser regularizados".
De hecho, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde destacó el que "la filosofía del 'nuevo' Plan General cambie en el sentido de que hemos decidido dejar atrás la política de las expropiaciones para conseguir los suelos que necesitamos para equipamientos. A partir de ahora", señaló, "se intentarán conseguir a través de las cesiones de suelo que los dueños de terrenos están obligados a hacer en favor de la institución cada vez que quieren desarrollar sus parcelas". También ha influido en ello las distintas sentencias que el consistorio ha recibido en estos últimos años condenando los aprovechamientos obtenidos. Hay muchos promotores que entendían que el 'peaje' que tenían que pagar en forma de suelo a la institución local era muy alto.