Vivienda retoma la obra de los pisos de Jinámar

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ
La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias reanudó el pasado jueves, y después de varios meses, las labores de remate de los edificios en los que serán reubicados las 32 familias de El Cascajo, en Jinámar, quienes desde hace ya casi 20 años sobreviven en unos inmuebles sumamente deteriorados. Los obreros volvieron al tajo apenas 24 horas antes de que los vecinos protagonizasen una concentración de protesta a las puertas del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) para que se les comunicase la fecha oficial de entrega.

Los residentes fueron recibidos en la capital por el máximo responsable del ICV, Jerónimo Fregel, y por el concejal de Vivienda de Telde, José Antonio Perera. El primero de ellos se limitó a decirles que "en breve" estarían culminados los edificios, en los que se han levantado 48 pisos. 32 de ellos serán repartidos entre estos solicitantes y el resto se adjudicará -junto con las 128 casas de una nueva promoción de Cruz de La Gallina- a otras familias.

El portavoz de los vecinos, Francisco Hernández, lamentó el hecho de que no se les diese una fecha concreta para la entrega de llaves, algo en lo que también influye el proceso de asignación de cada una de las moradas, la conclusión del expediente de declaración de ruina y la finalización de las conexiones a la red de abasto. "De lo que sí nos hemos percatado es que ayer [el jueves para el lector] volvieron los obreros a los nuevos bloques para colocar el piso del garaje", agregó.

Así las cosas, los afectados han decidido dar un nuevo voto de confianza a las instituciones y esperarán hasta el 29 de diciembre antes de emprender alguna acción nueva de protesta. "Vamos a hacer un seguimiento de esas obras y cómo se ejecutan los remates y ese día nos volveremos a reunir con José Antonio Perera y decidiremos qué hacer", avanzó.

Fregel recordó ayer que las 32 viviendas que serán desalojadas y posteriormente demolidas fueron adjudicadas el 31 de enero de 1974 en régimen de acceso diferido a la propiedad, "por lo que en la actualidad ya han perdido la protección oficial y son propiedad de las familias adjudicatarias".