El traslado de las 200 viviendas de Arucas, Moya y Santa María de Guía afectadas por el Plan del Litoral del Norte costará entre 20 y 24 millones de euros, que tendrán que aportar las cuatro administraciones públicas y los propios propietarios de los inmuebles. Calculando un valor medio de 100.000 a 120.000 euros por casa, éstas son las cifras provisionales que barajan la Demarcación de Costas de Las Palmas y los tres ayuntamientos, que ayer alcanzaron un acuerdo para buscar de forma conjunta el dinero necesario para la construcción de un futuro paseo marítimo desde El Puertillo a San Felipe.

Eso obliga a derribar las viviendas que incumplen la Ley de Costas por estar situadas en dominio público marítimo-terrestre o en las servidumbres de tránsito, bien mediante expropiaciones forzosas o por acuerdos entre los ayuntamientos y los propietarios de las casas.

Los alcaldes de Arucas, Juan Francisco Padrón; de Moya, Antonio Perera; y de Guía, Fernando Bañolas, se reunieron con el jefe de la Demarcación de Costas, José Miguel Pintado, y le solicitaron que se integre en la comisión de seguimiento del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15), aprobado de forma provisional por el Cabildo de Gran Canaria y actualmente en exposición pública para que los afectados presenten sus alegaciones.

DERECHOS. El primer objetivo de esta comisión de seguimiento es evaluar el coste total del traslado de las viviendas, 155 en las localidades aruquenses de El Puertillo, San Andrés, Quintanilla, otras 50 en el barrio moyense de El Altillo y 30 en el litoral de San Felipe, en el municipio de Guía. Una vez que se conozca la cuantía, dentro de tres meses, se iniciarán las negociaciones sobre el dinero que debe aportar cada administración, de forma que se respeten los derechos de los vecinos.

El Estado, a través de la Dirección General de Costas, aportará entre un 25% y un 30%, adelantó ayer Pintado, quien apuntó que "es imposible que Costas pague toda la operación". El restante 75% debe salir de las otras administraciones. Así, se propone que los ayuntamientos, en sus nuevos planes generales de urbanismo, cedan el suelo necesario para la ubicación de las nuevas casas. Por su parte, el Gobierno autónomo debe subvencionar la construcción de dichas viviendas, en régimen de VPO o a precio tasado. También participará el Cabildo de Gran Canaria.

Otra parte del dinero debe ser aportado por los propietarios de los inmuebles, aunque los ayuntamientos quieren que sea una cantidad mínima. Los tres alcaldes han pedido a los vecinos afectados que estén tranquilos, pues de tener ahora una vivienda en precario, en situación ilegal, van a disponer de una en propiedad.