Una vida a la espera de casa

M. PINO PÉREZ Con júbilo y entusiasmo, o con disgusto e irritación. Emociones divididas provocó ayer la lectura del tablón en el que estaban impresos los nombres de los adjudicatarios de 128 viviendas de protección oficial en Cruz de La Gallina y 48 en Los Cascajos. Los solicitantes de una casa en Telde llegaban a las oficinas de la Concejalía de Vivienda, en San Gregorio, con la esperanza de figurar entre los agraciados, pero más de uno se quedaba decepcionado al ver que, por más que releyera, había quedado fuera de este reparto.

La mayoría de estas personas lleva entre cinco, diez o doce años a la espera de una vivienda y no es la primera vez que la solicitan. Mientras llegan esas ansiadas llaves, conviven en el domicilio de sus progenitores, o en pisos de alquiler, cuyo pago no pueden afrontar.

Además, en todos los casos sus situaciones familiares son complicadas: madres con varios hijos a su cargo que dependen de la ayuda de Cáritas, parejas con niños, en paro y con una renta de inserción de 420 euros, o matrimonios con familia numerosa que sobreviven con un salario de 600 euros.

Unas 2.000 personas, según datos del Ayuntamiento, esperan aún una vivienda de protección oficial en este municipio. Y de momento, se les ha ido la última oportunidad. Hasta que llegue un nuevo reparto pueden pasar unos cuatro años. De hecho, los expedientes de las viviendas que se entregan ahora se comenzaron a tramitar en 2006, caso de Cruz de La Gallina, o 2004 las de Los Cascajos. Así, estas familias se pasan casi una parte de sus vidas en espera de casa de protección oficial ya que su precaria situación económica les impide plantearse incluso el pago de una vivienda de alquiler.

De hecho, José Antonio Perera, concejal de Urbanismo de Telde, apuntaba ayer que para resolver el problema de vivienda no queda más opción que apostar por entregar pisos en régimen de alquiler y que se den ayudas públicas para el pago de la mensualidad. Perera apuntó que Urvitel ha concluido 56 casas, y como no se han vendido, el Ayuntamiento se plantea disponer de las mismas para cederlas en alquiler a las familias del municipio.

Con todo, para Rosa María Núñez, con tres hijos a su cargo, ayer era un día feliz porque sabe que va a tener dónde vivir. Ana Santana se llevó un duro golpe pues confiaba en que esta vez podía salir de la vivienda paterna, donde les ha buscado hueco también a sus cuatro hijos. Más apesadumbrado se quedó Francisco Hernández, empleado de la construcción en paro, con cuatro hijos, y que paga 250 euros por el alquiler, en El Caracol, de los 600 que percibe su mujer como trabajadora agrícola. Ithaysa Alfonso, que reside con su pareja y su hijo en Jinámar con sus suegros, logró en su primer intento un piso.