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ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ
La ampliación del aeropuerto de Gran Canaria pone en riesgo la continuidad de 231 empresas y de las 2.350 personas a las que estas sociedades dan trabajo, según denunció ayer en rueda de prensa Antonio Rodríguez, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (Sitca).
Rodríguez alertó de que los planes de expansión del aeródromo que maneja el Ministerio de Fomento, contemplados en el Plan Director del recinto grancanario desde hace nueve años, supondrán "un despido masivo" de todo este plantel, y vaticinó que la inmensa mayoría de estos puestos de trabajo, industrias y explotaciones agrícolas desaparecerán porque, entre otras cosas, "no existe ahora mismo suelo en las localidades de Telde e Ingenio que reúna las condiciones adecuadas para albergar dichas actividades".
Rodríguez compareció este viernes ante los medios junto a una veintena de personas, entre las que se encontraban propietarios de negocios, trabajadores y distintos delegados sindicales. En su alocución, avanzó la creación de una plataforma para defender los intereses de este colectivo, "ya que sólo se habla del realojo de los vecinos", y reprochó públicamente la actitud mantenida hasta ahora por las instituciones públicas, "pues en ningún momento se han preocupado por las empresas y puestos de empleo que esta operación [a la que calificó de "pelotazo"] va a llevarse por delante".
"El 80 % de los trabajadores que se verán afectados por la ampliación no tendrá posibilidad de recolocación o reubicación al quedar toda la zona afectada bajo la premisa de que el bien será para Gran Canaria", advirtió el líder sindicalista.
"No pedimos dinero ni sacar un buen pedazo de las administraciones, sino que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta y que no se permita la pérdida de ni siquiera un solo empleo. La ampliación del Aeropuerto, que no está ni al 70 % de su capacidad, es innecesaria y está totalmente injustificada. No vamos a aguantar más canalladas", recalcó Rodríguez tras confirmar que, durante los próximos días, solicitará la celebración de encuentros con el Cabildo de Gran Canaria, los consistorios implicados y el Gobierno regional, en un intento por frenar la ejecución del Plan Director de Gando.
También destacó el hecho de que un 37 % de las personas que corren el riesgo de quedarse en paro "se van a ver doblemente castigadas, ya que son vecinas de Ojos de Garza y también van a ser expropiadas".
"Si no queda más remedio, exigimos que se dé una reubicación en el mismo municipio y que se concedan ayudas económicas", finalizó a preguntas de los medios.
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