El fiscal Antonio Amor ha retirado la acusación por malversación, prevaricación y falsedad en documento público contra Enrique Orts Herrera, interventor del Ayuntamiento de Telde, que se encuentra en la actualidad apartado del cargo.

Orts fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero el ministerio público modificó sus conclusiones tras quedar acreditado en la vista oral que el interventor no falseó una factura a favor de la empresa Grúas Barrios. El fiscal sí mantuvo los cargos -cambió el delito de fraude ilegal por el de malversación- contra el ex concejal de Hacienda Antonio Santana Delgado (NC), en la actualidad gerente del servicio municipal de Recaudación, y el funcionario Jesús Santana. A ambos se les solicita una pena de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, dos más de los pedidos en las conclusiones.

El fiscal considera que Antonio Santana, que fue edil en el gobierno local de CC hasta 2003, se "excedió" en sus competencias al firmar una factura y ordenar el pago de un servicio que la empresa de grúas "no realizó". Se trata de la retirada de 264 coches abandonados en el barrio de Jinámar, una operación de limpieza que el ex munícipe de Hacienda encargó a Jesús Santana de manera verbal en septiembre de 2002, y cuyo importe total ascendió a 6.652 euros. El funcionario, "a sabiendas de que no se había realizado la actividad", elaboró una certificación con la relación de los vehículos y la incorporó a la factura, según sostuvo la acusación pública. Luego, el edil autorizó el gasto.

Sin embargo, las defensas, según las declaraciones de sus clientes y varios testigos, entre ellos un policía local y el chófer de la grúa, alegaron que el servicio sí se ejecutó. Los abogados negaron la existencia de un delito de malversación, según ellos porque la factura no se llegó a cobrar, y agregaron que la actividad fue supervisada por el jefe de servicio, Jorge Rodríguez, que intervino como testigo.

Los letrados defensores introdujeron entonces la teoría de una posible pérdida de los atestados policiales, mientras que uno de los acusados, Antonio Santana, denunció que era víctima de una "persecución política" por parte de Guillermo y Carlos Reyes, ex concejales por Ciuca en el anterior mandato.

El fiscal pidió una pena de cinco años de cárcel, así como ocho años de inhabilitación y las defensas interesaron absolución.