JESÚS MONTESDEOCA
La disputa entre Serramar y Seguridad Integral Canaria por la adjudicación del servicio de vigilancia del Cabildo de Gran Canaria tiene nuevos actores. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser Canarias) y las otras empresas que se presentaron al concurso público han solicitado su anulación "ante la acumulación de irregularidades muy graves" en los trámites de adjudicación. También reclaman "la convocatoria urgente de un nuevo concurso con todas las garantías de transparencia y objetividad, así como el esclarecimiento total de los escandalosos acontecimientos que afectan su tramitación".
La patronal Aproser considera que la adjudicación "está totalmente viciada, no sólo por las escandalosas informaciones que se han hecho públicas recientemente sobre presuntas vinculaciones entre funcionarios del Cabildo y empleados de Serramar y Seguridad Integral Canaria, o por la presunta estafa y prevaricación, sino por la manifiesta deficiencia técnica de los pliegos, que imposibilitan una evaluación objetiva de la mejor oferta de las licitadoras".
En una nota, Aproser señala que, "como mínimo, la empresa Seguridad Integral ha tenido que colaborar en la presunta estafa al Cabildo, ya que era su responsabilidad presentar las facturas y elaborar las nóminas supuestamente infladas de sus vigilantes". Al respecto, apunta que "es muy grave que la referida empresa, que es la actual adjudicataria y como tal responsable del buen funcionamiento del servicio, se presente como víctima de la presunta estafa, cuestión que en aras de la transparencia de la gestión de los recursos públicos deberá esclarecer totalmente el Cabildo".
Las demás empresas que se presentaron al concurso, Securitas, Prosegur y Segur Ibérica, también han solicitado en sus alegaciones que se anule todo el procedimiento, según explicaron fuentes de la asociación. El Cabildo debe pronunciarse la próxima semana sobre el recurso de Seguridad Integral contra la adjudicación a Serramar.