Las extracciones que se vienen realizando en el fondo marino cercano al Faro de Maspalomas carecen de estudio de impacto ambiental específico por ser una zona protegida y de la autorización preceptiva de Medio Ambiente. Para la organización ecologista Ben Magec se puede tratar de un "delito ecológico" y, por lo tanto, se denunciará en el juzgado si Costas no responde a las reiteradas peticiones realizadas desde el pasado mes de abril para que dé explicaciones sobre los permisos que tienen este tipo de actuaciones.
Sin embargo, las declaraciones realizadas por el jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas, José Miguel Pintado, a este periódico han causado perplejidad entre los ecologistas al confirmar que ha dado una mera autorización verbal al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y resta importancia al impacto que pueda causar en el ecosistema marino la actuación de los tractores y camiones. El portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, advierte que no existe la "autorización de palabra" cuando se está entrando "a saco" en un espacio protegido al más alto nivel como es la zona de las Dunas y la Charca de Maspalomas. "Los funcionarios no pueden actuar con permisos verbales porque en caso de denuncia el juez les pueden pedir responsabilidades", advierte Reyes.
Para Reyes, las extracciones que se realizan afectan directamente a la dinámica del oleaje y al depósito de arena que se realiza en la orilla gracias a las corrientes marinas. Reyes cree que tanto la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias como la del Cabildo de Gran Canaria "pueden parar esto" ya que Costas "hace lo que quiere y no pide evaluaciones de impacto ambiental a nadie, ellos mismos se autoevalúan".
Los abogados de Ben Magec estudiarán las acciones legales a realizar para presentar una denuncia a principios de septiembre si finalmente se demuestra la carencia de los permisos e informes de impacto ambiental.
