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M. REYES - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Tres años, seis meses y un día de prisión. Ésa es la pena a la que ha sido condenado el jefe de la Policía Local de Valsequillo, Valentín Suárez Martín, por explotar en su finca de Tenteniguada a dos inmigrantes marroquíes durante seis meses "en condiciones cercanas a la semiesclavitud", según recoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria.
El funcionario se encuentra de baja desde el 20 de mayo de 2006, fecha en la que fue detenido por la Guardia Civil mientras "daba órdenes" a los dos inmigrantes en su hacienda. De hecho, las declaraciones de los agentes y de las víctimas han sido fundamentales para condenar a Valentín Suárez, según sostiene el magistrado Juan José Navas Blánquez en su sentencia. Y es que el acusado, de 65 años, negó en el juicio, celebrado a finales de junio, que los dos extranjeros trabajaran para él.
AGRAVANTE. Sin embargo, el policía no sólo se aprovechó de la situación de los inmigrantes para "imponerles unas condiciones laborales perjudiciales", sino que, además, se "prevalió de su cargo público" para emplearlos "sin ningún tipo de derecho laboral básico y en condiciones ínfimas". De ahí la dureza de la pena, pues el jefe policial ha sido condenado por un delito contra el derecho de los trabajadores con la agravante de cargo público, tal como solicitó en la vista oral la fiscal delegada de Extranjería, Teseida García. El funcionario también deberá indemnizar a las víctimas con 1.800 y 1.400 euros, cantidades que adeudaba a los dos extranjeros.
Los marroquíes, que estaban en situación irregular, desempeñaban labores de cultivo y cuidado de animales. "Trabajaban en unas condiciones claramente perjudiciales", esto es, "sin formalizar la relación laboral", con "una jornada de 07.00 a 17.00 horas", "un día de descanso semanal" y "un salario de 20 euros diarios". Así durante seis meses, según los hechos declarados probados.
El juez sostiene que fue Valentín Suárez quien acudió a determinadas zonas de Valsequillo frecuentadas por magrebíes en situación irregular. Lo hizo para contratar a los jornaleros en las condiciones descritas y obtener así "pingües beneficios". Una conducta "execrable", propia de "empresarios sin escrúpulos" que se aprovechan de las "necesidades" de las personas, según la sentencia.
El magistrado reprocha a la defensa que aportara "un arsenal de testigos tendentes a demostrar que en la finca nunca ha habido trabajadores extranjeros", ya que las declaraciones de las víctimas y la Guardia Civil invalidan los testimonios de esos cuatro vecinos de Valsequillo. La sentencia es susceptible de recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
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