La Patrulla Fiscal Territorial (Pafite) del puesto de la Guardia Civil en Guía ha abierto una investigación a raíz del conflicto que mantienen abierto dos empresarios del norte de la Isla que se dedican a la venta de uniformes escolares. Uno de los comerciantes suscribió en 2009 cuatro contratos de exclusividad con otros tantos colegios radicados en Gáldar y Guía -en concreto, con los CEIP Alcalde Trujillo, Antonio Padrón, Nicolás Aguiar y con el centro concertado Jesús Sacramentado- para convertirse en el suministrador de la indumentaria oficial de estas escuelas. Luego registró en la Oficina de Patentes y Marcas los escudos y logotipos de estos centros, lo que impide que otros empresarios puedan participar en el negocio en régimen de libre competencia. El caso ha sido remitido ya a los juzgados.

La denuncia la interpuso uno de los comerciantes que se ha visto impedido a participar en la venta de polos y chándales con las imágenes oficiales de los colegios serigrafiadas. Fuentes de su entorno culpan a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de permitir una práctica que, siempre según su punto de vista, vulnera diversa normativa, entre otras la Ley de Contratos Públicos del Estado.

Añaden que el beneficiario de estos acuerdos, que puede mantener durante diez años el uso en exclusiva de los logotipos, ha impuesto unos precios elevados a las prendas a causa de una "situación injusta de monopolio".

La Consejería de Educación señaló al respecto que la legislación a la que alude el denunciante no es aplicable a este tipo de contratos por no superar la cantidad de 18.000 euros y, al tiempo, dejan bien claro que todos los consejos escolares tienen "autonomía" para llevar a cabo este tipo de acuerdos -que suelen suponer para la comunidad educativa algún tipo de incentivo en forma de material escolar- y que la compra del vestuario "es algo que realizan los padres con dinero que no es público. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tema", concretaron las fuentes.

La falta de acuerdos ha derivado en un conflicto en el que ha intervenido la Guardia Civil. Los agentes giraron una inspección al comercio que destapó el caso al tener noticias de que este vendía uniformes con los logotipos patentados. Tras escuchar su versión, los agentes se dirigieron a al menos tres de los centros mencionados para tener acceso a los contratos y pedir una copia. La Justicia deberá decidir quién tiene razón.