El titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Ignacio Marrero Francés, ha absuelto a los ex alcaldes de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz de la responsabilidad del cobro del impuesto de construcción a la unión temporal de empresas (UTE) a la que se adjudicó la obra del centro comercial de la villa. El fiscal pidió en el juicio diez años de inhabilitación para ambos.

El ex portavoz del grupo municipal Socialista y actual concejal de Hacienda por Los Verdes, Antonio Ramírez, se querelló en 2007 contra los dos ex alcaldes y otros concejales del PP gobernante por no haber cobrado los 684.057 euros correspondientes al importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa municipal de licencia urbanística.

Antonio Díaz aseguró que Ramírez "había actuado de mala fe, pues en vísperas del juicio retiró los cargos porque ya estaba gobernando con los concejales del PP a los que acusó". Se da la curiosa circunstancia de que el ex edil socialista que denunció el impago de la UTE tampoco ha cobrado el impuesto en este mandato, pese a que es concejal de Hacienda. De hecho, con esta sentencia el Ayuntamiento de Santa Brígida ya no podrá cobrar los 684.057 euros.

En el pleno de 31 de enero de 2002 se aprobó la concesión administrativa de la obra del centro comercial con la sola exención del pago de tasas y el ICIO. El 5 de junio del mismo año el consistorio adjudicó la concesión a la UTE Santa Brígida.