El actual concejal de Hacienda de Santa Brígida por Los Verdes, Antonio Ramírez, tendrá que dar la orden para pagar a los abogados de los ex alcaldes Carmelo Vega y Antonio Díaz, que han sido absueltos de la acusación de prevaricación que él impulsó cuando era portavoz del grupo socialista en 2007.
Ramírez jamás pensó hace casi cuatro años que una denuncia interpuesta por él contra los ex alcaldes se le fuera a venir en contra al pasar de líder de la oposición a concejal de Hacienda gracias al pacto entre el PP y Los Verdes. El ex portavoz socialista se querelló contra los dos ex alcaldes y otros miembros del entonces grupo de gobierno (entre ellos el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, y el concejal Juan Armando Umpiérrez) por prevaricación al entender que habían condonado ilegalmente el pago de impuesto de construcción del centro comercial que ascendía a 684.057,44 euros.
Ramírez hizo casus belli de aquel impago y culpó al grupo de gobierno anterior del PP de prevaricación. Sin embargo, ahora el titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Ignacio Marrero Francés, ha absuelto a los ex alcaldes de la responsabilidad del cobro del impuesto de construcción a la unión temporal de empresas a la que se adjudicó la obra del centro comercial.
Antonio Díaz ha calculado que el ayuntamiento tendrá que pagar "entre 25.000 y 30.000 euros por lo que hemos tenido que pagar a los abogados para que nos defendieran.
El ex edil socialista que denunció el impago de la UTE no ha cobrado el impuesto en este mandato, a pesar de su condición de concejal de Hacienda. Díaz atribuye esta actitud a que "pasó de estar en la oposición y criticar al PP a gobernar con Bravo de Laguna".
