El Ayuntamiento de Gáldar continuará hoy con la segunda fase de los trabajos para arreglar el enorme socavón que mantiene aisladas a cinco familias, dos restaurantes y el muelle del barrio de Sardina, en una vía que, según un informe remitido por la Demarcación de Costas al alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, es de titularidad de la Dirección General de Puertos del Gobierno de Canarias.

Teodoro Sosa, ante las críticas por la demora en el arreglo del acceso, recuerda que debe ser el Gobierno canario, a través de su Dirección General de Puertos, la que tendría que haberse colocado al frente de los trabajos, "pero el Ayuntamiento no piensa cruzarse de brazos ni esperar por nadie porque perjudica a los vecinos, a los restaurantes y a la imagen de la ciudad", para recordar que desde el domingo 30 de enero cuando se amaneció con el agujero fue "visitado por el alcalde, el lunes por los ingenieros del Ayuntamiento y ese mismo viernes quedó hormigonada la parte por la que se perdió el material. Desde el primer momento se encargó el proyecto que se inicia hoy".

Pero para pérdidas las de los dos restaurantes incomunicados: El Ancla y La Fragata. El propietario de éste último, Jean Paul Imalileche, arremete contra la administración por lo que considera no sólo una desidia en este último caso, sino "en los tres anteriores episodios", en los que ya fue necesario reponer la calzada, hasta que ha culminado en una suerte de falla porque Imalileche, sostiene que con el arreglo " no estará todo terminado", dice apuntando a una inquietante grieta que parte del boquete y camina calle abajo.

En el 84 de la calle, Carmen Rosa Padrón, esposa de Gonzalo Molina, tiene "miedo por la casa", una vivienda con balconada al orificio y con cancela a pocos metros de la brecha, y desde la que se ve el paseo de 400 metros que realizan los submarinistas cargados de botellas y equipo para poder hacer una inmersión en el que es el mejor punto del Norte para ello. En el puerto no se mueve una chalana, salvo dos kayacs que ayer se usaron para echar un lance a caña y que luego salían por la playa. Al final, en los apartamentos del edificio de La Fragata, que el lunes facturó "60 euros para siete empleados", viven otras cinco familias, con gente mayor por lo que temen que en alguna urgencia no puedan salir en condiciones, "y no hablemos de un fuego, porque entonces..."