Hay determinados municipios en esta jodida isla..." Arturo Cabrera González (Santa Cruz de Tenerife, 1957), director general de Comercio y Consumo, bajó el pasado 17 de enero a la plaza Doctor Rafael O'Shanahan a atender a los manifestantes que participaban en la enésima protesta contra la directiva Bolkestein, que obliga a los puesteros de los mercadillos a obtener por concurso las licencias para acceder a una plaza.

Arturo Cabrera, genio y figura, no es de los que se quedan en el despacho a ver las pancartas de lejos. Él baja y da la cara. "Lo he hecho ya unas seis o siete veces por este asunto". Y sí, lo dijo: "Esta jodida isla..." como aparece en un vídeo grabado por la asociación de pequeños empresarios de mercadillos La Unión. Lo que no recoge la grabación, dice, fueron los gritos que le llegaban y le increpaban: "Que me fuera de la isla, que si chicharrero, que si de ATI, intimidando bastante y con mucha proximidad". Hasta que "en un momento de acaloramiento hice esta calificación, que reconozco muy inadecuada, sobre todo porque tengo mucho cariño a esta y a todas las islas".

Como se observa en la grabación de los mercadilleros, en el minuto 14, y tras varios tiras y aflojas en los que los participantes en la gresca compiten para ver quién tiene el índice más largo, se produce la declaración que ahora La Unión publicita como el "rifirrafe callejero con Arturito el Grande". En el trasfondo, una normativa europea para la que el Gobierno de Canarias pide prorrogar su aplicación de tal forma que los que ahora trabajan en esos mercadillos mantengan su licencia vigente hasta dentro de cuatro años. Luego, una vez que accedan por concurso a las futuras plazas, que siga operativo ese permiso durante ocho años más, con otra prórroga extensible hasta otros ocho años. Cabrera sostiene que esta oferta es la más generosa de todas la comunidades autónomas pero... "el asunto se ha politizado en Santa Lucía, Mogán y San Bartolomé de Tirajana" (que son esos "determinados municipios") "hasta un punto que me han conseguido enervar la sangre, malinterpretando las declaraciones con cosas con las que no se puede estar jugando". Ayer mismo, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana volvía al ataque, aprobando una moción institucional para instar al Gobierno de Canarias a que cumpla el acuerdo que la Dirección General de Comercio adoptó el 25 de octubre de 2010 que es el mismo descrito por Cabrera. Mientras, La Unión sigue en pie de guerra. Quieren que la renovación sea automática y además ya están fijando su vista en Baleares, donde se prevé hacer la concesión por diez años "para rentabilizar" los fondos invertidos. Eso sí, Cabrera tampoco ceja: "Yo no me escondo: soy de los que dan la cara".