Canarias no puede asumir por sí misma la puesta en marcha de las medidas de ahorro energético adoptadas por el Gobierno central y exige que sea el Estado el que haga frente a la mayor parte de ese coste. La vicepresidenta del Gobierno regional, Mari Mar Julios, afirmó ayer que la situación financiera de la comunidad y los compromisos sobre la reducción del déficit público, que le ha llevado a rebajar en 1.000 millones el presupuesto de 2011, hacen imposible llevar a la práctica en el corto plazo el plan de eficiencia energética que pretende Madrid.

Tras participar en una reunión con Miguel Sebastián, ministro de Industria, Julios reclamó un "plan financiero" que establezca y aclare cómo se costean todas esas medidas, que, según ella, "tienen en su mayoría un efecto real a medio y largo plazo". "Bienvenida cualquier nueva medida de ahorro energético, pero hay que aclarar la financiación porque de lo contrario estaríamos metiendo a las Comunidades Autónomas en una situación de mayor endeudamiento, mientras que el ministerio de Hacienda nos está diciendo que gastemos menos.

Julios destacó como la más novedosa de las propuestas un plan renove para los neumáticos, que supondría un importante ahorro en el consumo de gasolina. Pero insistió en que las cuentas autonómicas no pueden asumir subvenciones de este tipo sin una importante aportación estatal.

Por otro lado, denunció ante el ministro y el resto de autonomías la "fragilidad" y "vulnerabilidad" de Canarias ante una posible crisis energética por la situación política en los países productores y la necesidad de implantar con urgencia el gas en las Islas y un mix energético capaz de garantizar el abastecimiento.