La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, volverá a pedir a la Demarcación de Costas que autorice la obra de la escollera de Maspalomas. Torres decide retomar este proyecto cuando han pasado 23 días desde que paralizara esa misma obra debido a las protestas de un grupo de vecinos. La alcaldesa conoció ayer por medio del jefe de la Demarcación de Costas, José Miguel Pintado, que el Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido que se trata de una actuación de su competencia y que hay que tramitar un nuevo expediente. Mari Pino Torres explicó el Ayuntamiento va a reanudar este proyecto porque considera "necesaria la construcción de la escollera para garantizar la seguridad en el acceso a la playa" por el Faro.

Asimismo, Torres, que estuvo acompañada en la reunión con Pintado por el concejal de Playas, Carlos Álamo, comentó que el Ayuntamiento pretende que la obra se realice respetando toda la legalidad vigente. Cuando el Ayuntamiento decidió el pasado 7 de marzo suspender la descarga de piedras en Maspalomas con las que se iba a hacer la escollera se justificó la decisión en que se iba a consultar al Cabildo de Gran Canaria que se pronunciara sobre si había que someter esta intervención a estudio previo de impacto ambiental. También señaló entonces la alcaldesa que con esa decisión intentaba evitar la "conflictividad social" generada por las protestas de un grupo de vecinos justo en un momento de máxima ocupación turística.

Dado el impacto turístico que supone el estado de esta zona de la playa de Maspalomas, la alcaldesa instó a la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente a que la obra se realice con la mayor brevedad posible dentro de la ley.

Por su parte, el jefe de la Demarcación de Costas estimó que la tramitación del nuevo expediente se alargará entre dos y treses meses siempre y cuando el Ministerio de Medio Ambiente no considere imprescindible el procedimiento de impacto ambiental. Pintado destacó que una vez que el Ayuntamiento solicite que se haga la obra se trasladará al Ministerio y se someterá a información pública. Una vez que se recojan las alegaciones debe ser Medio Ambiente el que decida si las denuncias ciudadanas obligan a hacer la memoria de impacto ambiental o no. En ese caso, los plazos para obtener el visto bueno de Madrid se extenderían de nueve a dieciocho meses.