Una auténtica maldición. Eso es lo que parece que pesa desde el origen de los tiempos sobre el tanatorio municipal de Las Rubiesas, en Melenara. La Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde informó ayer de que deberá demoler, previsiblemente, una parte de las obras de ampliación que desde febrero de 2011 se ejecutan en el citado complejo con fondos del Cabildo a través de su Plan de Cooperación 2008-2011.

El nuevo grupo de gobierno de la ciudad (PP, Ciuca y CC) se ha topado ahora de frente con el hecho de que el proyecto elaborado en 2005 para levantar una cafetería, una capilla, un crematorio y otras dependencias junto a las cuatro salas donde se velan los cuerpos incumple varios puntos de la normativa actual, como es el caso del Código Técnico de Edificación. En consecuencia, el titular del área, Ignacio Serrano, avanzó que la regularización de los trabajos obligará a tirar una parte de la estructura que actualmente está en ejecución, como podrían ser algunos pilares. El edil puntualizó que, en todo caso, la medida no obligará a paralizar la totalidad de la obra.

Una distribución anómala de las dependencias ubicadas en el sótano del nuevo bloque y el hecho de que la instalación eléctrica no se adapte al reglamento de baja tensión vigente son algunos de los desperfectos detectados por el equipo de Serrano, quien añade que, aunque la ampliación del complejo se presupuestó en su día en 2,2 millones de euros, ahora se ha estimado una inversión adicional de otros 1,3 millones para la culminación de los elementos pergeñados en el boceto de 2005. A todo ello habría que añadir 495.000 euros más para acometer las nuevas unidades necesarias para corregir las deficiencias, hecho que la alcaldesa María del Carmen Castellano puso en conocimiento del presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, en una reunión este martes en la capital.

El proyecto para expandir las instalaciones mortuorias de Las Rubiesas acumula ya varios años de retraso después de que en un primer momento los trabajos fueran adjudicados a Mazotti, constructora que se vio implicada en el caso Faycán y luego sometida a la ley concursal.

Los técnicos detectaron que en las labores de excavación ejecutadas por aquella compañía se había producido un error de cálculo. La obra estuvo muchos meses parada hasta que se rescindió el contrato.