Tras más de 20 años de reivindicaciones de los familiares de presos de Gran Canaria ayer quedó inaugurada por la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, la nueva prisión Las Palmas II, un complejo que, según Gallizo, es el buque insignia de la red estatal, con innovaciones como sus talleres de cocina y jardinería, celdas más amplias que la media o modernos sistemas de seguridad e iluminación.

Gallizo, que estuvo acompañada, entre otras autoridades, por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez; el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna; y la delegada del Gobierno, Dominica Fernández, anunció que con esta infraestructura se podrá lograr el objetivo de acercar a todos los canarios que cumplen penas en la Península al Archipiélago, unas 1.500 personas, de ellas unos 1.000 grancanarios, gracias también a las mejoras de la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, o los centros de internamiento en régimen abierto en Lanzarote y Tenerife, además de la futura unidad de madres en esta última isla y que se encuentra en proceso de construcción.

La secretaria de Instituciones Penitenciarias estimó que en el plazo de un año, con las excepciones de aquellos que tengan causas pendientes en los juzgados peninsulares, podrían cumplir sus condenas en Canarias. Los primeros ocupantes, medio centenar, serán los presos de destino provenientes de Salto del Negro, que son aquellos dedicados a los servicios. Gallizo explicó que una vez que se certifique, con este pequeño grupo, el correcto funcionamiento del establecimiento, totalmente informatizado y automatizado, se procederá al ingreso de las 80 mujeres que están recluidas en el centro penitenciario de la capital, en unas condiciones "infrahumanas", según Juan Manuel Alacid, representante del sindicato de prisiones ACAIP.

Desarraigo

Pero no será hasta finales de verano cuando se reciba a los primeros 80 canarios procedentes de la Península. Este era el motivo "de mayor satisfacción" para Gallizo: "Acabar con el desarraigo de muchos penados, ese sufrimiento para ellos y sus familias", a las que recordó sus décadas de demandas para lograr lo inaugurado ayer, en un acto que contó con la presencia de los principales representantes del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuerpo este último que por primera vez en Canarias será el responsable de la custodia exterior del recinto.

Por su parte, el director general de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos, Juan José Azcona, subrayó el esfuerzo para construir la nueva prisión en Gran Canaria, y cómo ante el rechazo general y las dificultades que presentaban los ayuntamientos para su emplazamiento definitivo "planteamos como exigencia inexcusable la implicación de las instituciones canarias, que no han escatimado tiempo y esfuerzos" para ello.

Especialmente, según señaló, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que aportó estudios para su ubicación, o el Gobierno de Canarias, propietario del suelo, unos 350.000 metros cuadrados, área suficiente para albergar a cinco campos de fútbol y que, para Azcona, cumple "todos los parámetros paisajísticos y medioambientales".