Los constructores de la provincia de Las Palmas acusaron ayer a los gobiernos central y autonómico de marginar a las empresas canarias mediante la adjudicación de obras a sociedades públicas como Tragsa, Gesplan o Gestur, lo que obliga a las pymes isleñas a cerrar y a despedir a sus trabajadores. Esto ocurre actualmente en el Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur, que hasta ahora no ha encargado ninguna obra a las constructoras locales. También critican "la insensibilidad" de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), que "históricamente" adjudica sus principales proyectos a empresas que no operan habitualmente en el Archipiélago.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) ya ha remitido una enérgica protesta al Consorcio del Sur por "la competencia desleal desde las propias instituciones públicas". En un primer escrito, la presidenta de los constructores, María Salud Gil, denunció "el reiterado y abusivo" recurso de auxiliarse de empresa públicas, fundamentalmente Tragsa, para ejecutar diversas obras públicas que deberían ser licitadas u ofertadas públicamente a terceros en mérito del principio de libertad y libre concurrencia".
En respuesta, el gerente del Consorcio, Rafael Molina Petit, comunicó a la patronal que la Junta Rectora del organismo decidió, en su reunión del 26 de mayo, "atender a las demandas de los empresarios privados, con los que también se contará, tanto para la contratación de los servicios como de las obras que se acuerde ejecutar".
Decepción
Sin embargo, un mes después, el 25 de julio de 2011, el Consorcio realizó una nueva encomienda de gestión a Tragsa para la ejecución de las obras de mejora y embellecimiento de distintos espacios públicos de la zona turística", lo que ha acabado con la paciencia de los constructores.
En un nuevo escrito al Consorcio, María Salud Gil, manifestó su sorpresa y decepción. "Queda de manifiesto el carácter y valor de los compromisos que se asumen por un organismo del cual los administrados esperan, como mínimo, rigor y veracidad".
La AECP "no admite" la disculpa de que la urgencia o las características de los trabajos requeridos imposibiliten su adjudicación a empresas privadas. Es más, asegura que "los trabajos que Tragsa está desarrollando para el Consorcio podrían haber evitado despidos y otorgado estabilidad y/o permanencia a muchas empresas que se están viendo abocadas al cierre, incluidas aquellas que pagan sus impuestos en el municipio y que, sin duda, no serán indultadas por ese concepto a pesar de que se les hace competencia desleal". Al respecto, Gil resalta "la indefensión" de los constructores "ante la preponderancia y dominio de las empresas públicas sobre las privadas con el apoyo de las instituciones que, supuestamente, han de velar por la concurrencia y tratamiento igualitario".
