El Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria, cuya renovación está en el aire por las dudas y recelos entre sus miembros, ya ha costado algo más de 13 millones al erario público, de los que la mitad corresponden al Estado, la única de las cuatro administraciones que no ha tenido dificultades para cumplir el compromiso inicial. El organismo para renovar las playas de San Bartolomé de Tirajana se creó en noviembre de 2008 con un presupuesto de 5,8 millones de euros para el siguiente año.

El Estado aportó dos millones, al igual que la Comunidad Autónoma, mientras que el Cabildo cedió 1,5 millones y el Ayuntamiento de San Bartolomé los 300.000 euros restantes. Pero ese fue el único año en que las cuatro partes respetaron el plan inicial. La crisis, los enfrentamientos políticos y el retraso en los proyectos lastraron al Consorcio a los pocos meses de nacer. El Gobierno canario, con el Partido Popular (PP) en el área de Turismo, ya se negó a poner sus dos millones para el año 2010 y sólo entregó 300.000 euros para proyectos. El argumento de la consejera Rita Martín fue que el Gobierno no pondría más dinero hasta que se conociera en qué se iba a gastar.

Conflictos

Los proyectos estaban en marcha, pero las obras no llegaban. Ante las críticas de las demás instituciones, el Ejecutivo regional decidió de forma unilateral emplear sus dos millones en la rehabilitación de la antigua carretera del Sur, la GC-500, pero como una obra propia, no del Consorcio. El segundo gran frenazo llegó tras el conflicto entre el Ayuntamiento y primer gerente, José Fernández, que acabó con el cese de éste último. A finales de 2010, el Consorcio ya acumulaba nueve millones sin gastar.

A José Fernández le sustituyó Rafael Molina Petit, que dio un giro a los planes iniciales para centrarse en las actuaciones más urgentes. Así, optó por empezar con la remodelación del paseo marítimo de Playa del Inglés, el barranco de Joseíto y la reapertura del palmeral y el parque Tony Gallardo, obras que se inaugurarán el próximo mes de septiembre. También priorizó el cambio de las hamacas.

En total, ya se han gastado 1,4 millones y otros 8,3 millones saldrán a concurso antes de fin de año, pero la crisis económica y el adelanto de las Elecciones Generales dejan el aire la continuidad del Consorcio más allá del 31 de diciembre, fecha en que expira el acuerdo. Las aportaciones económicas de 2011 se han rebajado, pese a lo que el Gobierno regional aún adeuda 2,4 millones. El organismo dispone aún de más de tres millones para nuevas acciones en espacios públicos, pero la duda es si sobrevivirá o desaparecerá.