El grupo de gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reservado dos millones de euros del presupuesto de 2011 para pagar sentencias judiciales relacionadas con litigios urbanísticos de mandatos anteriores. Agrupación de Vecinos ha decidido resolver el conflicto que mantiene desde hace más de una década con los vecinos de la urbanización El Palmeral en Sonnenland y también hacer frente a la pugna con la empresa Surfing Club Águila Playa SL a raíz de un convenio para la ampliación del hotel Vital Suites.

La corporación de San Bartolomé va a tener que desembolsar 885.195 euros para concluir la urbanización El Palmeral, que dejó sin acabar hace 13 años la empresa Planing City. En tanto que la citada sociedad se disolvió, los vecinos decidieron llevar el asunto a los tribunales al ver que los responsables municipales de urbanismo les han ido dando largas.

Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón hace tres años a la Asociación de Vecinos El Olivo. La sentencia de este tribunal obliga al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario a hacerse cargo de concluir la citada urbanización, que se levantó siguiendo el Plan General de Ordenación de 1996. El coste de las obras que aún quedan pendientes se ha cifrado en 885.195 euros y los trabajos los ha adjudicado el Ayuntamiento a la empresa pública Gestur.

Pedro Cárdenes, secretario de la asociación El Olivo, se mostró entusiasmado al saber por este periódico que finalmente el grupo de gobierno de San Bartolomé se va a hacer cargo del asfaltado, las aceras y las zonas por ajardinar. "Nos han tomado el pelo los distintos concejales y hemos estado una década presentado requerimientos a los alcaldes en los juzgados", precisó Cárdenes.

Promotores

El representante vecinal aseguró que se han gastado una "fortuna" en pleitos judiciales, pues sólo el último recurso ante la Sala de lo Contencioso les obligó a desembolsar 40.000 euros. Cárdenes denunció que es una práctica algo habitual de los promotores que realizan urbanizaciones en el Sur "dejar colgados a los ayuntamientos", que tienen que asumir las infraestructuras que dejaron inacabadas.

La otra partida más cuantiosa en este caso, un millón de euros, se ha reservado para devolver a la empresa Surfing Club Águila Playa SL, que gestiona el hotel Vital Suites. Esta empresa entregó en su día a la corporación municipal, que lideraba José Juan Santana, un millón de euros a cambio de que se legalizaran en el Plan General las obras de ampliación del Vital Suites.

En tanto que el Tribunal Supremo ha echado por tierra este convenio entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Surfing Playa, la corporación municipal tiene que devolver la cantidad que recibió para que el hotel pudiera contar con la licencia urbanística en la que se contemplaran las nuevas instalaciones.

Ignacio Casteleiro, concejal de Disciplina Urbanística, apuntó que se va a reservar un millón de euros para poder ejecutar la sentencia del Supremo, pero de momento "no se van a dar prisas" por entregar a los gerentes del Vital Suites ese dinero ya que el Ayuntamiento está pendiente de que se resuelvan los recursos que ha presentado la empresa para evitar la sanción impuesta por exceder el convenio para ampliar las instalaciones.

Disciplina Urbanística decretó una sanción a la entidad que explota el hotel Vital Suites con una multa de 9.165.000 euros y la obligación de demoler la edificación ampliada, una planta y 1.700 metros cuadrados más de lo especificado en la licencia de obra.

El decreto, que data del pasado 10 de enero de 2011, exige a los gestores de Vital Suites presentar en el plazo máximo de un mes el proyecto de demolición, así como abonar el importe total de dicha multa al Ayuntamiento en el plazo estipulado. Con esta medida el Consistorio da cumplimiento a la sentencia que sobre Vital Suites dictó el Tribunal Supremo en 2008.