La unión temporal de empresas que se encarga de la conservación de las carreteras del Cabildo de Gran Canaria pagará a partir del año 2012 los gastos que genere el mantenimiento de la bandera de la Fuente Luminosa, según adelantó ayer el presidente de la corporación insular, José Miguel Bravo de Laguna, quien aseguró que la insignia no tendrá ningún coste para las arcas públicas.
La decisión de Bravo de Laguna reavivó de forma inmediata la polémica política sobre el gasto y la seguridad de la instalación, pues la oposición duda de la legalidad de esa fórmula y sospecha que detrás de pago de la bandera, unos 30.000 anuales según los cálculos del propio Cabildo, se esconden "contrapartidas" a esas empresas constructoras.
Tras las críticas a la recuperación de la superbandera, alimentadas por la obligación de retirarla sólo doce días después de la inauguración, Bravo de Laguna anunció que el grupo de gobierno del Cabildo ya ha encontrado una fórmula para sufragar el coste del mantenimiento del mástil y de las telas, pues ya se han utilizado cinco banderas distintas y todas ellas han sufrido algún percance.
El presidente dijo que la instalación tendrá coste cero a partir del próximo año y aseguró que las empresas actúan de forma altruista y sin pedir contrapartidas. La concesión del mantenimiento de las carreteras del Cabildo está adjudicada a una UTE en la que participan siete empresas, la mayoría pertenecientes al sector de la construcción.
Respecto a los motivos de la retirada de la bandera el pasado lunes, Bravo de Laguna alegó que fue por un problema de conservación, no de seguridad. En una declaración recogida por Acn, afirmó que la empresa encargada del mantenimiento estimó oportuno arriarla por la presencia de vientos de más de 40 kilómetros por hora. "Pero no pasa nada, se baja y cuando pasen las rachas de viento se vuelve a colocar", apuntó.
Dudas legales
Los grupos de la oposición del Cabildo mostraron ayer su sorpresa por el anuncio del presidente y dudaron de la legalidad de esa vía de financiación. El portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, tachó esa fórmula de "auténtico despropósito" y comentó que "cuanto menos es contraria a la ética política y genera aún más sospechas sobre el comportamiento del grupo de gobierno".
"No sólo estamos denunciando el derroche, aunque lo pague una empresa privada, pues ya podrían realizar esos donativos para los servicios sociales más acuciantes, sino por la seguridad", señaló Ramírez, quien resaltó que "ahora se abre la sospecha de ver qué empresas son, pues hay varias en el servicio de conservación de carreteras, a cambio de qué y si hay algún tipo de promesa por medio, pues a estas alturas de la crisis económica nadie regala nada".
Por su parte, la portavoz del Partido Socialista en el Cabildo, Carolina Darias, que ella sólo valora los hechos "y la realidad es que la bandera le cuesta a los grancanarios más de 21.000 euros al año -18.887 euros más 2.500 euros de una asistencia técnica- por un contrato de mantenimiento hasta final de año". La otra realidad "es que a los pocos días de su colocación ya se produjo una rotura", dijo.
