El sector empresarial de parques eólicos va a pedir al Ministerio de Industria la exclusión de las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante tecnología eólica ubicadas en Canarias del ámbito de aplicación de la nueva normativa, que limita las primas a la producción de las primeras 1.500 horas. El presidente de la Asociación Eólica de Canarias, Ernesto Pérez, expresó que con tal propuesta los empresarios no podrían asumir los 800 millones que costaría la inversión, porque sus primas se reducirían entre el 50% y 65%.

Los empresarios canarios, apoyados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se basan en la petición de exclusión en la insularidad y ser ultraperiférica, la singularidad de la producción eléctrica, con seis sistemas aislados, y la aplicación de la Ley de Sostenibilidad. A eso se une la dependencia energética de combustibles fósiles, la pérdida de competitividad de la Comunidad Autónoma, los sobrecostes de instalación, explotación y mantenimiento.

Sin competencia

Pérez apunta que "el sistema eléctrico canario no se basa en un mercado competitivo de generación de energía eléctrica, sino en un sistema de despachos por costes variables del sistema eléctrico de Canarias". También complica tal producción la inexistencia e imposibilidad de instalación de grandes parques eólicos de gran potencia, por ser más adecuados a los sistemas eléctricos aislados, y por las restricciones territoriales.

Por último, los empresarios defienden su exclusión por el ahorro de coste presupuestario que el régimen especial eólico supone. El resto de España recibe una prima que hace que el precio final percibido por la eólica supera a la del mercado, mientras en Canarias, por su estructura de costes, el régimen ordinario de producción es más costoso. "Incluso por encima de generación especial eólico", insisten. Pérez recuerda que el Estado paga mil millones a las eléctricas por el sobrecoste que tiene su generación en Canarias.